Iredell, NC.- La rápida movilización de autoridades y la difusión masiva de información en redes sociales permitió ubicar a una niña de ocho meses que había sido reportado como víctima de un secuestro parental en el condado Iredell, Carolina del Norte.
El caso generó una alerta inmediata cuando la Oficina del Sheriff del Condado Iredell informó que Carmen Edith Rodríguez, una mujer hispana de 30 años, se llevó a la menor Samantha Roetzel desde la corte 114 Cotswold, en la zona oeste del condado. Las autoridades describieron el vehículo utilizado: un sedán negro K4 con matrícula de Virginia TCB-9808, perteneciente a una empresa de alquiler Hertz.
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Las primeras informaciones también señalaron la presencia de otra mujer hispana no identificada dentro del automóvil, lo que aumentó la preocupación sobre el rumbo que podía tomar la situación. Rodríguez podría haber intentado trasladarse hacia el condado Mecklenburg, según las líneas de investigación.
La policía solicitó apoyo ciudadano y activó una Alerta ÁMBAR, un mecanismo de emergencia que busca difundir datos clave sobre desapariciones infantiles en riesgo. La notificación se expandió rápidamente a través de medios de comunicación y plataformas digitales, acompañada de las fotografías de Rodríguez y del vehículo sospechoso.
El llamado a la comunidad resultó determinante. Vecinos, usuarios en redes y medios locales compartieron de manera constante la alerta, lo que facilitó la tarea de los cuerpos de seguridad en la búsqueda. Finalmente, la Oficina del Sheriff confirmó que la niña fue localizada y se encuentra a salvo.
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Las autoridades destacaron la importancia de la colaboración ciudadana y recordaron que la rapidez al reportar información confiable puede salvar vidas. “Cada llamada, cada alerta compartida y cada dato que recibimos fortaleció la investigación”, señaló un portavoz del Sheriff tras anunciar la actualización del caso.
Aunque la niña ya se encuentra fuera de peligro, la investigación continúa abierta. Rodríguez y la mujer que la acompañaba enfrentan ahora un proceso judicial que determinará responsabilidades y posibles cargos relacionados con secuestro parental y violación de la custodia legal.
El incidente recordó a la comunidad el valor de la vigilancia colectiva y la eficacia de la Alerta ÁMBAR. También dejó en evidencia la necesidad de mantener canales de comunicación efectivos entre las autoridades y la población.
