Miami – EEUU.- Desde este lunes, ninguna ciudad del estado de Florida podrá brindar refugio seguro a los inmigrantes indocumentados. A partir de este 01 de julio, entró en vigor la Ley SB-168, un polémico instrumento legal que fue aprobado por el Congreso de la entidad floridana y que obliga a las autoridades de cualquier jurisdicción a hacer cumplir la Ley Federal de Inmigración.
En consecuencia, el gobierno estadal, los gobiernos municipales y los departamentos de policía locales están en el deber de colaborar, con las agencias que dependen del Ejecutivo, en la captura, arresto y deportación de aquellas personas que no sean ciudadanos o residentes legales.
La norma también exige a los cuerpos policiacos mantener, en cárceles para deportación, a aquellos individuos que estén en la mira del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Ese deber tiene que ser cumplido, aun cuando el migrante no haya cometido una falta grave o aunque no exista una orden judicial en su contra.
Tal escenario, ha provocado la movilización de activistas que trabajan para proteger los derechos de los inmigrantes. Organizaciones como la Coalición Inmigrante de Florida (FLIC, por sus siglas en inglés) y el Southern Poverty Law Center (SPLC) preparan una demanda, con la que esperan conseguir la anulación de la SB-168.
Para justificar su accionar, Tanto la FLIC como el SPLC han argumentado que el texto legal transgrede la cuarta enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la cual prohíbe la captura y detención sin una razón aparente.
