Lima, Perú.- El gobierno de Perú promulgó un decreto legislativo que impone una condena de hasta 30 años de cárcel por robo de smartphones o teléfonos celulares, supuestamente con el fin de «atacar toda la cadena delictiva, desde el que roba hasta el que comercializa el dispositivo».

Así lo precisó el ministro de Interior, Vicente Romero que muy convencido continuó, «Estamos atacando toda la cadena completa. El que roba, el que compra y el que comercializa. Esta medida va a ser efectiva, segura».

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Del mismo modo, se adelantó a la opinión pública, «Muchos hablan de que probablemente sea una exageración. Por supuesto que la oferta y la demanda de robo de celulares, estoy seguro, va a decrecer».

Perú castigará con 30 años de cárcel el robo de celulares

Este decreto que alberga los cambios en el Código Penal se publicó la noche del 18 de octubre en el diario oficial fundado por el Libertador, Simón Bolívar en 1825, El Peruano. Además fue promulgado al amparo de las facultades legislativas otorgadas por el Congreso. Que tiene el fin de decidir en materia de seguridad ciudadana.

Específicamente la norma reza que el robo del, «equipo terminal móvil, teléfono celular, equipo o aparato de telecomunicaciones, red o sistemas de telecomunicaciones u otro bien de naturaleza similar», será condenado a una pena privativa de libertad no menor de 12 ni mayor de 20 años.

350: RT @Global_Witness: At least 1,733 #EnvironmentalDefenders were murdered over the last decade. Too often, there is no justice at all.

For families of #Indigenous leaders killed in Peru, justice looks like 28 years in prison for the five perpetrator… pic.twitter.com/lAb9TBwrGT

— Urban Sustainability (@UrbanSustainab) April 7, 2023

Pero, si este robo se hace usando material o artefactos explosivos, así como vehículos la pena no será menor de 20 años ni mayor a 30 años. No obstante, la pena también está sujeta entre otras cosas a si la víctima es lesionada física o psicológicamente.

Justicia para los robos de smartphone, pero los asesinados por el narcotráfico y terrorismo fueron abandonados por el Estado Peruano

Pero en Perú hay una realidad más violenta que no se ventila ni en los medios locales y mucho menos en la verborrea de los políticos. Por ejemplo, los estragos del narcotráfico y los traficantes de tierras en Perú.

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Según la ONG, Global Witness, «Lamentablemente, este es sólo un caso, y muchos, muchos más aún no han visto justicia. Con más de 1.700 defensores ambientales asesinados durante la última década. En 2021, el 78% de los asesinatos de defensores registrados tuvieron lugar en los bosques amazónicos de Brasil, Perú y Venezuela»

Por ejemplo, no hay avances significativos en las investigaciones del macabro asesinato de Erasmo García Grau, de la etnia Cacataibo. Este fue secuestrado y ajusticiado con un escopetazo. Aunque es un secreto a voces que esta violencia no divulgada es producto de la coca ilegal, el tráfico de tierras y la tala ilegal.

Finalmente, Alicia Abanto, adjunta para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo denunció que hay una precariedad del Estado para garantizar la protección de los líderes indígenas.

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