Miami.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó una solicitud para evitar retrasos innecesarios en la construcción del centro de detención temporal de inmigrantes de Florida, conocido como «Alligator Alcatraz», en los Everglades.
En un comunicado de prensa explicaron que la medida la presentó la División de Medio Ambiente y Recursos Naturales (ENRD) ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida.
Al respecto, la fiscal general, Pamela Bondi, destacó que “el Departamento de Justicia ha defendido la agenda migratoria del presidente Trump en los tribunales desde el primer día y nos enorgullece proteger a ‘Alligator Alcatraz’ de maniobras legales infundadas y con motivaciones políticas”.
De la misma manera, el fiscal general adjunto interino Adam Gustafson de la ENRD, sostuvo que “retrasar la construcción del centro de detención temporal de Florida, como solicitan los demandantes, pondría en peligro las cruciales medidas de control migratorio y a los detenidos en centros de detención superpoblados”.
“Nos enorgullece defendernos de estas afirmaciones infundadas y ayudar al gobierno a cumplir con su obligación fundamental de priorizar la seguridad de los estadounidenses”, acotó.
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Dos organizaciones demandaron el centro de detención
El comunicado recordó que a finales de junio dos organizaciones de defensa política —Amigos de los Everglades Inc. y el Centro para la Diversidad Biológica— presentaron una demanda para detener la construcción y operación del centro de detención, alegando la falta de análisis de los efectos ambientales del proyecto, según lo exige la Ley Nacional de Política Ambiental (NEPA). Los demandantes solicitaron una orden de restricción temporal y una medida cautelar.
Sin embargo, resaltaron que “el Departamento de Justicia se opuso enérgicamente a la solicitud de medidas cautelares y de emergencia. Entre otras cosas, la presentación destaca que no existe una acción final de la agencia federal, que la Ley de Procedimiento Administrativo no se aplica a las decisiones de las agencias estatales, que cualquier reclamación relacionada con la posible financiación federal es inmadura y que los demandantes no demostraron un daño irreparable”.
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