Carolina del Norte – Estados Unidos.- El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, solo tardó un día para vetar el polémico proyecto de ley HB 370, que obligaría a los alguaciles a reportar los arrestos de indocumentados al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y los enfrentaría a procesos de destitución en caso de incumplimiento.
“Como ex alto funcionario de cumplimiento de la ley de nuestro estado, sé que la ley actual permite al estado encarcelar y enjuiciar a criminales peligrosos independientemente de su estado migratorio”, afirmó Cooper en un comunicado.
“Debilitar la aplicación de la ley en Carolina del Norte al ordenar a los alguaciles que hagan el trabajo de agentes federales, utilizando recursos locales que podrían dañar su capacidad para proteger sus condados”, explicó el gobernador demócrata.
Cooper protestó que “por una complacencia política partidista, la legislatura realizaría una violación al asignar un nuevo deber de inmigración a los alguaciles, misma que podría resultar en la destitución de sus cargos».
El HB 370, aprobado el martes por la Cámara de Representantes, pasó al escritorio del gobernador Roy Cooper quien tenía 10 días para decidir si lo ratificaba o lo vetaba.
Con este veto, la propuesta legal volverá a la Cámara donde necesitará al menos 72 de los 120 votos para anular la traba de Cooper.
Tan solo horas después de que se sancionara el HB 370, comenzaron las reacciones en contra de la propuesta.
El alguacil del condado de Mecklenburg, Garry L. McFadden, afirmó que el HB 370 amenaza la confianza entre la policía y la comunidad.
McFadden recomendó “encarecidamente” al gobernador Roy Cooper, que vetara el HB 370, porque erosiona la autoridad constitucional de todos los sheriffs elegidos en el estado de Carolina del Norte, al eliminar la capacidad de las comunidades locales para establecer sus propias políticas.
“Estoy decepcionado de que nuestros legisladores estatales hayan votado para aprobar el proyecto”, lamentó McFadden, quien agregó que una normativa de este tipo tendría “un impacto negativo en la seguridad pública en el condado de Mecklenburg, donde fui elegido con un mandato claro para dejar de honrar a los detenidos voluntarios de ICE y poner fin al programa 287 (g)”.
“El HB370 establece un precedente terrible al permitir que la legislatura elimine la autoridad de cada Sheriff debidamente elegido en Carolina del Norte para tomar decisiones discrecionales en el mejor interés de sus electores”, agregó.
El gobernador Cooper ya había fijado posición en junio al rechazar el proyecto por considerar que busca sembrar miedo y dividir, sin embargo, no dijo nada sobre un posible veto.
“Estoy de acuerdo con el gobernador Cooper en que HB370 es inconstitucional”, dijo McFadden.
Paola Jaramillo, directora ejecutiva de la Organización Enlace Latino, explicó que con este proyecto legal cualquier inmigrante que sea arrestado, indistintamente del cargo, deberá ser notificado al ICE. “No significa que esto actualmente no pase, pero la ley estatal determina que solo se debe hacer cuando la persona arrestada enfrenta cargos por delitos graves”.
Jaramillo indicó que existe temor en la comunidad latina de que se regrese al período en el que los inmigrantes eran detenidos por cualquier motivo y los colocaban en procesos de deportación.
Rechazó que el proyecto conceda tener a una persona retenida por más tiempo del permitido, 48 horas, aun cuando tenga derecho a salir bajo fianza por decisión de un juez.
“Hay mucha presión sobre el gobernador para que vete el proyecto, es muy difícil saber si lo hará”, expresó la directora ejecutiva de la Organización Enlace Latino.
“Esperamos que él (Cooper) se sostenga y que no nos dé la espalda como comunidad inmigrante”, añadió Jaramillo.
