New Jersey.- La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó este jueves el proyecto que crea una junta fiscalizadora de las finanzas de Puerto Rico, isla que encara una deuda de 70 mil millones de dólares que el Gobierno local ha dicho que no puede pagar.
La votación final fue 297 votos a favor y 127 en contra.
El HR5278 viabiliza el establecimiento de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica para Puerto Rico (Promesa, por sus siglas en inglés) que crea un consejo de control financiero para restructurar parte de la deuda del territorio estadounidense.
Promesa contó con el apoyo de los líderes republicanos y demócratas en la cámara baja federal, así como del gobierno del presidente Barack Obama y del comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi.
«Esta legislación es un primer paso, pero no es la solución. Puerto Rico debe ser un estado o nación soberana. Merece ser tratado dignidad», dijo este último a los congresistas antes de que votaran.
Pierluisi explicó que los tres sistemas de retiro de Puerto Rico no tiene financiamiento, poniendo en riesgo el retiro de sobre 330,000 puertorriqueños y que el Gobierno de Puerto Rico ha perdido el acceso a los mercados financieros, por lo que no puede tomar prestado para cumplir con sus obligaciones actuales.
«Es una pena que hayamos llegado a este punto, pero esa es la realidad. Debemos enfrentar este reto con valentía y con franqueza», dijo Pierluisi a través de declaraciones escritas.
«Sin Promesa, el Gobierno de Puerto Rico probablemente colapsará, los pensionados de los sistemas de retiro sufrirán daños irreparables, y la mayoría de los bonistas podrían perder sus inversiones. Sin este proyecto de ley, casi nadie gana y casi todo el mundo pierde», aseguró.
«Este proyecto de ley es un paso esencial, pero no es la solución duradera”
Por su parte, el representante demócrata de origen puertorriqueño, Luis Gutiérrez, expresó su rechazo a la medida: «Esta no es mi promesa, mi promesa es que el pueblo de Puerto Rico se respete y no se trate como colonizados esclavos», dijo el congresista por Chicago.
Sus palabras encuentran eco en los candidatos de los principales partidos políticos a la gobernación de Puerto Rico, Ricardo Rosselló (Partido Nuevo Progresista) y David Bernier (Partido Popular Democrático), quienes han reconocido que, de salir electos, se preparan para el impacto que tenga esta junta en sus administraciones. La principal razón de su rechazo es que minaría la autonomía política de la Isla.
Las enmiendas aprobadas son:
- Los miembros de la junta serán nombrados a más tardar el 15 de septiembre de 2016.
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Obras de transporte financiadas con fondos federales, como el Tren Urbano, serán protegidas.
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Se extenderá a 18 meses un estudio sobre las causas de la crisis.
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Dos veces al año se informará sobre las deudas de los territorios.
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Puerto Rico será incluido en el programa Hubzones para pequeñas y medianas empresas.
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Los hallazgos de la junta de control fiscal serán sometidos a un estudio.
Derrotada quedó una enmienda propuesta por la congresista de California, Norma Torres, para corregir el lenguaje que sugiere que el gobernador tendría la potestad de reducir a $4.25 la hora el salario mínimo, para jóvenes de 25 años o menos. El salario mínimo actualmente es de $7.25 la hora.
Entre los poderes que tendrá la junta se encuentra la responsabilidad de la reestructuración de la deuda del gobierno de Puerto Rico y de los sistemas de retiro, fiscalizar el gasto públicoy tendrá la última palabra sobre el presupuesto, además de la potestad de revisar ciertas leyes.
El proyecto ahora pasa al Senado federal para su aprobación. De ser aprobada por el Senado antes del 1 de julio, protegería a Puerto Rico de las potenciales demandas que presenten sus acreedores si, como se espera, incumple con el pago de 2 mil millones de dólares en su deuda.
