El Fondo de Justicia del Condado de Orange (OCJF) ha logrado recaudar miles de dólares para un programa piloto de asistencia legal a los inmigrantes indigentes, refugiados y familias inmigrantes.
Creado en 2017 por abogados, profesores de derecho y líderes de base, esta organización no lucrativa, logró que la Ciudad de Santa Ana les aportara 65,000 dólares el año pasado. En el año actual, consiguieron que les aumentaran el apoyo a 85,000 dólares.
Recientemente, en menos de 20 días, aseguraron donativos y la promesa de apoyos hasta por 50,000 dólares por parte de líderes de la comunidad, y otros. A través de una campaña de Facebook, obtuvieron en tres días, 6,000 dólares.
La meta del Fondo es hacer que Orange, se convierta en el primer condado del país, en establecer una representación universal verdadera en la defensa contra las deportaciones y un fondo de fianzas para los inmigrantes indigentes.
Se calcula que en el condado de Orange, hay 310,000 inmigrantes indocumentados en riesgo de ser detenidos y deportados.
La vicepresidenta de OCJF, Norma García dice que intentan aumentar el acceso de los abogados a los inmigrantes que enfrentan la deportación y establecer un fondo de fianzas para reunificar familias separadas por la detención migratoria en el condado de Orange.
Esto implica cerrar la significativa brecha en el sistema legal, en un condado históricamente antinmigrante. Normalmente un abogado de migración entrenado, puede cobrar hasta 6,000 dólares por caso.
Muchos inmigrantes indigentes amenazados con la deportación, son forzados a defenderse sin representación, aún cuando tienen un caso con los méritos suficientes para ser ganado.
“Los estudios han demostrado que los inmigrantes representados por un abogado tienden 10 veces más a demostrar su elegibilidad para permanecer en el país cuando su caso está pendiente, que quienes no lo tienen”, afirma la profesora de Western State College of Law y presidente de la directiva de OCJF, Jennifer Koh.
El OCJF ha recibido el apoyo de organizaciones como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del sur de California, la Barra de Abogados Hispanos del condado de Orange, La Liga Anti Difamación, la Barra Nacional de Abogados Hispanos, entre otras.
La necesidad de representación universal es aún más urgente, a la luz de la decisión del 27 de febrero de 2018, en el caso Jennings contra Rodríguez en la Corte Suprema, que eliminó el derecho de los inmigrantes detenidos a recibir audiencias periódicas de fianzas cada seis meses ante un juez de migración.
Carlos Perea, miembro fundador de OCJF y líder de la organización Resilience del condado de Orange, sostiene que por años, las comunidades inmigrantes en el condado, han estado al frente en la búsqueda de justicia y el debido proceso.
“Estamos contentos de ver que el OCHF ha unido a diferentes interesados en hacer esta visión compartida, una realidad”, dice.
Si quieres saber más y cooperar con el Fondo de Justicia del Condado de Orange, visita su portal.
