Caracas – Venezuela.- Adriana Parada, la madre del adolescente que perdió ambos ojos, luego de ser atacado con perdigones por agentes policiales en Venezuela, advirtió que su hijo “ya no quiere vivir”.
“Se quiere matar”, confesó angustiada la mujer, durante una conversación sostenida con la BBC de Londres.
Su primogénito, Rufo Antonio Chacón Parada, un joven de apenas 16 años, participaba junto a ella y junto a su hermano menor, de 14 años, en una protesta pacífica, que se desarrolló el pasado lunes en el estado Táchira, una región ubicada al occidente de Venezuela.
Durante la acción de calle, los manifestantes bloquearon algunas vías del municipio Cárdenas para exigir se les dotara de gas doméstico. “Tenemos hambre y estamos cansados de cocinar con leña”, aseguró Adriana Parada.
En virtud de ese hastío, tanto ella como sus hijos se sumaron a vecinos que salieron a mostrar su descontento. De acuerdo con la mujer, todo marchaba con cierta normalidad, hasta que funcionarios policiales acudieron al sitio, con la intención de reprimir a los protestantes.
“De repente, llegó la policía y, sin previo aviso, empezaron a disparar y (a) golpearnos”, afirmó Parada, quien fue testigo de excepción de la brutalidad con la que actuaron los oficiales.
En su relato, la madre contó que fue durante un breve descuido que los agentes dispararon contra la cabeza y el rostro de Rufo Antonio.
“Me fui a ayudar al de 14 años, al que estaban golpeando en la cabeza, cuando vi que se lanzaban sobre el mayor”, comentó.
Según Adriana Parada, “un policía le disparó primero. Otro lo remató cuando estaba en el suelo”.
Después de ser trasladado hasta un hospital, médicos que atendieron al joven indicaron que hasta 52 perdigones fueron retirados de la cara del adolescente. Ocho de ellos estaban en el ojo derecho y cuatro en el izquierdo.
En consecuencia, Rufo Antonio sufrió pérdida de la visión por evisceración traumática. El diagnóstico indica que el muchacho, que acababa de terminar la escuela secundaria, dejó de ver, tras el vaciamiento de sus globos oculares.
Ante tal atrocidad, el Ministerio Público, dirigido por el ilegítimo fiscal general, Tarek William Saab, anunció la captura de dos agentes, que, según dijo, serán “severamente sancionados”.
La promesa no tranquilizó a los venezolanos, en particular a aquellos que defienden los derechos humanos.
Parte de esos activistas había denunciado, días antes de que trascendiera lo ocurrido con Rufo, el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo.
El oficial, fallecido el pasado fin de semana, en las instalaciones de un hospital militar, se encontraba prisionero en los calabozos de la DGCIM, un organismo de inteligencia que actúa bajo las órdenes de la dictadura de Nicolás Maduro.
Antes de su muerte, Acosta Arévalo fue llevado a tribunales, en donde se le presentó por los supuestos delitos de conspiración e intento de magnicidio.
Durante esa audiencia, el propio Capitán denunció haber sido objeto de torturas y se limitó a pedir auxilio.
Bajo le égida del régimen madurista, las cárceles venezolanas albergan casi 700 presos políticos. Mientras tanto, los ciudadanos no sólo padecen una profunda crisis económica, sino que son sometidos a continuas y prolongadas interrupciones de los servicios de agua, luz e internet.
A esas dificultades, se suma la escasez de gasolina, un carburante por el que muchos deben hacer horas de cola, pese a que son residentes de un país que posee las mayores reservas de petróleo del planeta.
