Kirchner, de 65 años y quien gobernó Argentina entre 2007 y 2015, ya había acudido el 13 de agosto a una primera sesión indagatoria ante el tribunal que investiga el pago de sobornos por parte de empresarios para obtener contratos de construcción de obra pública.En esa ocasión, recusó al juez y al fiscal Carlos Stornelli, pero su pedido fue rechazado.
«El dólar está por llegar a 35 pesos y Bonadio me vuelve a llamar a indagatoria en la misma causa de los allanamientos. Son de manual», reaccionó Kirchner en un mensaje de su cuenta Twitter, en alusión a la crisis cambiaria que atraviesa el país.
La expresidenta, de la corriente de centroizquierda del peronismo, considera que la causa que la tiene como la principal beneficiaria de la trama de millonarios sobornos forma parte de un complot que pretende proscribirla de la política.
El llamado a comparecer nuevamente en tribunales se debe a que las investigaciones, inicialmente fijadas entre 2008 y 2015, fueron ampliadas para que abarquen también los años que van de 2003 a 2008, según la citación publicada por el Centro de Información Judicial.
Kirchner es la persona de más alto rango investigada en el caso de «los cuadernos de la corrupción», que implica a una docena de exfuncionarios kirchneristas y a una treintena de altos empresarios.
La trama de sobornos, narrada en una serie de detallados diarios que llevó un chofer del ministerio de Planificación y que terminaron en manos de la justicia, abarca también la presidencia del ya fallecido Néstor Kirchner (2003-2007).
Como senadora, Cristina Kirchner goza de los fueros parlamentarios que impiden su detención, aunque puede ser imputada y condenada.
La semana pasada, y tras autorización del parlamento, sus tres residencias en Buenos Aires y las poblaciones de Río Gallegos y El Calafate, en la Patagonia (sur), fueron allanadas por orden del juez Bonadio.
Además de éste, Kirchner tiene abiertos otros cinco procesos judiciales por presunta corrupción y por encubrimiento a iraníes en el atentado a la mutual judía AMIA.