WASHINGTON— En su primera audiencia ante un comité en la Cámara de Representantes, la secretaria de Educación, Betsy DeVos, afirmó este martes que la decisión de delatar o no a estudiantes indocumentados con las autoridades de Inmigración para su deportación dependerá de cada escuela o comunidad local, desatando fuertes críticas de grupos cívicos.
Durante una audiencia del Comité de Educación de la Cámara Baja para discutir las prioridades de su agencia, DeVos afrontó duras preguntas del legislador demócrata por Nueva York, Adriano Espaillat, quien enumeró casos de padres o estudiantes indocumentados arrestados afuera de recintos escolares por su estatus migratorio.
Preguntada sobre si está de acuerdo con ese tipo de medidas policiales, DeVos primero intentó evadir la controversia, al afirmar que EEUU “es una nación de leyes, pero también somos personas compasivas”.
Presionada varias veces sobre si los maestros pueden denunciar a los estudiantes indocumentados con agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), DeVos finalmente respondió: “Creo que esa es la decisión de una escuela, es una decisión de la comunidad local”.
“Tenemos leyes pero también somos compasivos, y yo urjo a esta entidad (el Congreso) a que haga su trabajo y clarifique la confusión que pueda haber en torno a esto”, afirmó DeVos.
Dictamen de 1982
Por otra parte, la secretaria de Educación recordó que, gracias a un dictamen de 1982 del Tribunal Supremo, los estudiantes indocumentados tienen derecho al acceso a la educación pública en EEUU.
“Tenemos estudiantes indocumentados en las escuelas (desde el Kinder) hasta el grado 12 que apoyamos y les damos educación a diario”, señaló DeVos, al insistir en que el asunto de cómo lidiar con estos estudiantes “son asuntos locales y estatales”.
Sin embargo, Espaillat subrayó que las tareas de inmigración recaen sobre el gobierno federal y no puede ser que cada distrito escolar escoja cómo tratar a los estudiantes. Asimismo, Espaillat indicó que, contrario a la retórica de la Administración Trump, las ciudades “santuario” no están albergando a criminales sino que sirven como una “red de seguridad” para que los padres indocumentados puedan enviar a sus hijos al colegio sin temor a que sean detenidos o deportados.
Punto más polémico
Fue uno de los puntos más polémicos de la audiencia de poco más de tres horas, en la que DeVos también tuvo que defender el historial de derechos civiles del Departamento de Educación y negó que ella haya ordenado recortes de fondos a esa división.
“No estamos haciendo semejante cosa”, afirmó DeVos, al señalar que su agencia está preparando nuevas regulaciones y eliminando otras de la Administración Obama en áreas relacionadas con la flexibilidad para los maestros.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha dicho que, en general, respeta los lugares “sensibles”, como iglesias, colegios, hospitales, clínicas y tribunales, y procura no realizar redadas o arresto de inmigrantes en esos sitios a menos que existan circunstancias que lo justifiquen.
Sin embargo, activistas de la comunidad inmigrante han documentado casos en los que agentes de ICE han arrestado a estudiantes en paradas de autobuses escolares o a inmigrantes indocumentados que acuden a tribunales en calidad de testigos o víctimas de delitos.
En ese sentido, Lorella Praeli, directora de asuntos migratorios de la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU), dijo que las autoridades escolares que denuncien a estudiantes indocumentados a ICE estarían violando la Constitución y, a su juicio, DeVos se equivocó al no dejar en claro que esto no depende de una u otra escuela.
Necesitan asesoría legal
Thomas Saenz, presidente y principal abogado de MALDEF, dijo que la audiencia dejó en claro que DeVos, al igual que otros miembros de la Administración Trump, necesitan “asesoría legal competente” porque su testimonio reflejó “una pasmosa ignorancia de la ley” o una falta de voluntad para dar información correcta a los distritos escolares locales.
Cualquiera sea la razón de su testimonio, agregó Saenz, este indica que una grave “negligencia” de su deber como secretaria de Educación.
Por su parte, Kristen Clarke, presidenta y directora ejecutiva de “Lawyers’ Committee for Civil Rights Under Law”, advirtió de que las declaraciones de DeVos podrían infundir miedo en las familias inmigrantes, e incitar a conducta indebida por parte de las autoridades escolares.
La sola sugerencia de que las escuelas individuales tienen “discreción para determinar si pueden reportar” a los estudiantes indocumentados contraviene las garantías que dio el Tribunal Supremo de que no se puede discriminar ni negar educación a ningún estudiante por su estatus migratorio, agregó Clarke.
