Caracas.- La Asamblea de Venezuela desconoció este jueves 30 de marzo una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que inhabilitó al poder legislativo de cualquier función, lo que la oposición consideró un golpe de Estado.
El diputado Julio Borges, presidente del poder legislativo venezolano, dijo que la sentencia le da poder absoluto al mandatario: «Es una dictadura», dijo. «A diferencia de las anteriores (sentencias) le da poder a Nicolás Maduro para hacer todas las leyes que él quiera».
«Frente a este golpe de Estado, esta Asamblea Nacional desconoce al Tribunal Supremo de Justicia», agregó el líder del partido Primero Justicia, quien insistió que las elecciones son la única vía para sacar al país de lo que consideró su peor crisis constitucional.
Borjes dijo que el gobierno de Maduro está fracturado: «Ha perdido la legitimidad, la autoridad, cualquier vestigio de cumplir con la Constitucion», señaló. «Lo único que le queda es el miedo» y violentar las leyes, agregó el político opositor quien aseveró que el gobierno «está cavando su propia tumba».
El Tribunal Supremo de Justicia anunció la noche del miércoles que asumirá las competencias del Poder Legislativo, controlado por los opositores, debido a la persistencia del «desacato», un estatus que el Supremo impuso el año pasado a la Asamblea Nacional por el incumplimiento de varias sentencias.
«Mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho», estableció la sentencia de dicha sala.
El país suramericano lleva meses transitando por una profunda crisis económica y política atribuida al mal manejo administrativo del gobierno. La caída de los precios del petróleo en los últimos dos años, unida a una política económica restrictiva, ha llevado a Venezuela a experimentar niveles de escasez de productos básicos sin precedentes en la historia reciente.
A esta situación se unen los altos índices de criminalidad y una virtual parálisis de la actividad comercial, que depende de dólares para importar.
Una de las consecuencias más graves de esta coyuntura es la generalizada escasez de alimentos y medicinas. Esto justamente llevó al gobierno a solicitar ayuda humanitaria a Naciones Unidas por primera vez en décadas.
Esta semana, 20 países de los 34 miembros activos de la Organización de Estados Americanos, OEA,emitieron una declaración conjunta en la que se comprometen a concretar una hoja de ruta «en el menor plazo posible» para «apoyar el funcionamiento de la democracia y el respeto al Estado de Derecho» en Venezuela.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, también pidió al Consejo Permanente del organismo sancionar a Venezuela si no realiza elecciones generales en breve.
