Carolina del Sur.- “Es un sistema que no nos beneficia ni a nosotros ni a los ciudadanos”, dice Harold Saca, recluso en Carolina del Sur
El mes pasado, cuando se cumplieron 45 años de la infame revuelta en la cárcel de máxima seguridad de Attica (Nueva York), decenas de miles de presos en Estados Unidos declararon un paro nacional que continúa hasta el día de hoy. Así lo informaron los defensores que han colaborado en organizar la protesta.
Sin embargo, todos comparten un objetivo común: terminar la esclavitud legal que impera dentro de las cárceles norteamericanas.
Si bien los establecimientos penitenciarios no tienen que ser lujosos –o cómodos en este caso–, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró que tampoco deben ser lugares peligrosos o inhumanos. Aún así y mientras prohíbe la esclavitud, la enmienda 13 de la Constitución permite que los presos trabajen a cambio de un salario muy bajo o nulo. Un hecho que para los abogados cruza los límites de la dignidad humana y alcanza a ser servidumbre moderna.
“Yo pensaba ‘No, eso no ocurre en América, eso es en China o en Cuba’”, le dijo a CNN el recluso de Carolina del Sur Harold Sasa, a través de un teléfono de contrabando. Y añadió: “Es un sistema que no nos beneficia ni a nosotros ni a los ciudadanos”.
Incluso, la Asociación Americana de Correccionales, la principal organización de prisiones y cárceles en Estados Unidos, presentó una resolución para revocar la “cláusula de exclusión” de la enmienda que permite el trabajo obligatorio sin remuneración. De hecho, también ha pedido que los programas de trabajo en los establecimientos penitenciarios “aspiren” a ofrecer salarios de acuerdo a la productividad de los reclusos.
Sin embargo, muchas autoridades del sistema penitenciario aseguran que no hay ningún castigo en pagarles a los internos por el trabajo que desempeñan. Muchas veces, los fondos que se recaudan a partir de estas actividades se utilizan para cubrir los gastos que genera la operación de las cárceles o para pagar las órdenes de restitución de las cortes, mientras los internos reciben capacitación para el trabajo.
El Comité Organizador de Trabajadores Encarcelados (IWOC por sus siglas en inglés), un grupo que defiende los derechos de los reclusos, estima que desde el pasado 9 de septiembre 50.000 presos se han unido a paros coordinados a través de redes sociales en los teléfonos celulares y correo tradicional en casi dos docenas de estados. Fue imposible verificar de manera independiente la cifra de los internos que están participando. Incluso, algunos reclusos aún están protestando de manera individual, señaló el IWOC.
Las autoridades en Texas y Carolina del Sur le aseguraron a CNN que no ha ocurrido ninguna protesta. Sin embargo, abogados del sistema criminal aseguran que por sus proporciones, este paro de reclusos rd el más grande y significativo en la historia de Estados Unidos.
“El hecho de que esto esté ocurriendo simultáneamente en varios estados sugiere un grado de planeación, sofisticación y red de apoyo que no habíamos visto en los últimos años”, aseguró David Fathi, director del proyecto nacional de prisión de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles.
Tantos presos arriesgándose a sanciones disciplinarias, confinamientos solitarios o sentencias extendidas al protestar por las condiciones en las que viven, demuestra la exigencia de un cambio urgente dentro de los establecimientos penitenciarios, explicó el funcionario. CNN entrevistó a tres prisioneros en diferentes estados, así como a activistas, y todos coinciden en que las cárceles de Estados Unidos necesitan reformas drásticas.
Trabajo forzado en Carolina del Sur
El reloj marcaba las 3 a.m. cuando la celda de Sasa se abrió. No faltaba mucho para que este padre de tres niños tuviera que empezar su rutina diaria de trabajo en la cárcel, haciendo estantes de madera. Exhausto, el nativo de Georgia decidió seguir mirando televisión, dejando que el brillo de la pantalla se reflejara en su rostro.
Se negó a salir.
Mientras recordaba ese día, Sasa pudo hablar con CNN gracias a que IWOC facilitó una entrevista desde fuera de la cárcel. Este recluso de 36 años, a quien le queda más de una década de condena, proporcionó a CNN un alias por temor a que los guardias tomaran represalias en su contra.
Desde el 2009, Sasa paga una sentencia por homicidio vehicular culposo en Carolina del Sur. Dos de esos siete años los pasó en confinamiento solitario debido una discusión con un guardia. Fue en ese tiempo cuando leyó el libro Soledad Brother de George Jackson, el activista afroamericano del Partido Pantera Negra que, mientras estaba en prisión, murió por los disparos que recibió de los guardias. Esta muerte en 1971 incitó parcialmente la revuelta en la cárcel de Attica.
“Eso me despertó”, aseguró Sasa.
Para Sasa, las enseñanzas de Jackson lo motivaron a unirse a Jailhouse Lawyers Speak, un grupo que ofrece recursos y asistencia legal gratis a los presos. Recientemente, los miembros de esta organización exigieron un amplio rango de reformas como la disminución de los precios “excesivos” de las máquinas dispensadoras y el restablecimiento en toda las prisiones de las clases para terminar la educación secundaria. Por encima de todo, lo que buscan es remuneración por los trabajos que realizan en los centros penitenciarios.
La Constitución de Estados Unidos, en su enmienda 13, permite la esclavitud y el trabajo forzado si hace parte del castigo por un crimen. De acuerdo al Proyecto Marshall, los programas federales de trabajo pagan hasta 1,15 dólares por hora, mientras que en las prisiones estatales el promedio está en 20 centavos la hora. En algunas cárceles, incluida la de Texas, los internos no ven ni una moneda.
“Parte de la misión principal de la agencia es promover un cambio positivo en su comportamiento y prepararlos para su reintegración a la sociedad”, sostuvo el vocero del Departamento de Justicia Criminal de Texas, Jason Clark. “Creemos que tener un trabajo es una parte esencial de su éxito a largo plazo. Mientras los internos no reciben un pago, sí están adquiriendo habilidades laborales que podrían llevarlos a conseguir un empleo significativo cuando salgan libres”, añadió.
En Carolina del Sur, dependiendo del trabajo y de las circunstancia de los presos, casi el 90% de un salario puede irse en gastos de encarcelamiento, como vivienda, alimentación, atención médica y manutención de los hijos. Las autoridades aseguran que en vez de un sueldo, en un programa de trabajo voluntario los internos reciben “habilidades valiosas que pueden usarse para generar ingresos”, como la fabricación de muebles para escuelas y oficinas o la elaboración señales de tránsito que son vendidas a entidades estatales y organizaciones sin ánimo de lucro.
Para cambiar eso, Jailhouse Lawyers Speak busca una reforma constitucional que revoque la enmienda 13. Sasa cree que es “la causa principal del trato inhumano” para los prisioneros de Carolina del Sur. Por eso él y otros 200 reclusos participaron en una huelga el pasado 9 de septiembre.
Los policías de Carolina del Sur niegan estas huelgas, así lo dijo el vocero Ashleigh Messervy. Sin embargo, Sasa aseguró que el paro duró más de tres semanas. De hecho, terminó solamente cuando Jailhouse Lawyers Speak canceló la protesta al percatarse de que así sus demandas no llegarían muy lejos y necesitaban desarrollar una estrategia diferente.
Incluso, en medio de este fracaso Sasa vislumbra signos de progreso: algunos reclusos han continuado con las protestas de manera individual, conscientes de la presión que necesitan ejercer para que les aseguren sus derechos.
Discriminación en California
Richard Castillo nunca se imaginó que pasaría la mayor parte de su vida adulta detrás de las rejas, y mucho menos haciendo lobby para mejorar el tratamiento a los reclusos. Pero múltiples crímenes significan varias sentencias para este originario de Merced, California.
En 2013, la Policía de California lo volvió a arrestar por violar, supuestamente, su libertad condicional. Después de que un juez fijara su fianza en 650.000 dólares, debido a su presunta participación en pandillas, espera su juicio en la cárcel del condado de Merced.
Según Castillo, los guardias les han asignado uniformes diferentes colores a los hispanos –verde y blanco para los sospechosos de pertenecer a la pandilla Norteño y azul y blanco para los Sureños– en contraste al overol naranja que utilizan otros reclusos. Esos uniformes no solo son un problema dentro de la cárcel, sino que también pueden inducir la decisión de un juez en la corte, aseguró este recluso.
