Washington.- Un grupo de 22 madres inmigrantes centroamericanas que llegaron en busca de asilo, fueron arrestadas en la frontera con México y trasladadas a un centro de detención en Berks, Pensilvania, iniciaron una huelga de hambre indefinida para pedirle al gobierno que las libere mientras los tribunales resuelven sus permanencias en Estados Unidos.
Las detenidas, cuyos nombres mantienen en reserva por temor a represalias, distribuyeron una carta pública que enviaron al Secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson para explicar las razones de la huelga y sus exigencias.
“Nuestros casos están abiertos, por eso no nos identificamos”, dijo por teléfono a Univision Noticias una de las huelguistas. “Nos amenazan y tememos represalias”, agregó. La oficina de la abogada Bridget Cambria, que representa al grupo, dijo que los temores son ciertos. “Pueden alterar el resultado de los casos de asilo de nuestras clientas”. 
No se rinden
Otra de las huelguistas aseguró que lleva detenida un año en el centro familiar de Berks. “365 días aquí. Mi hijo cumplió años también aquí. Nos amenazan diciendo que nos los van a quitar, que nos enviarán a una cárcel de adultos si no deponemos la huelga. No lo haremos. Pedimos que nos liberen mientras resuelven nuestros casos de asilo. ¿Por qué otras madres están libres y nosotras no?”, preguntó. “Nadie nos da una respuesta”. La inmigrante indocumentada también dijo que no son ciertas las declaraciones dadas la semana pasada por el secretario Johnson, en cuando a que ninguna madre inmigrante que pide asilo pasa más de 20 días detenida en una cárcel de ICE. “No es verdad. Yo llevo un año esperando, y otras madres llevan muchos meses, como yo, encerradas. Por eso iniciamos la huelga, para exigir justicia”.
Un número similar de unidades familiares también habían sido arrestadas, principalmente madres con menores de edad originarios del denominado Triángulo Norte, integrado por Guatemala, Honduras y El Salvador. La violencia y la pobreza son las principales causas que provocaron la oleada migratoria en 2014, un fenómeno que no se ha detenido a pesar de los esfuerzos de la Administración Obama por contenerla.
La carta
La carta firmada por las 22 mujeres, fechada el 10 de agosto, explica al Secretario Johnson las razones del movimiento. “Tenemos desde 270 días hasta 365 días de detención con niños de edades desde los 2 años hasta 16 años privándolos de tener una vida normal, sabiendo que tenemos traumas anteriores en nuestros países, arriesgando nuestra vida propia y la de nuestros hijos por toda la trayectoria del camino hasta llegar aquí, teniendo familiares y amigos que se hacen responsables de nosotros y que nos esperan con los brazos abiertos, y que inmigración se niega a dejarnos salir”, escribieron. Las 22 mujeres señalan que la huelga seguirá “hasta obtener nuestra libertad”, y sostienen que “nosotras dejamos nuestros países de origen huyendo de la violencia, amenazas y corrupción que ni siquiera el propio gobierno de cada país de Centroamérica puede controlar”.
Intentos de suicidio
En la carta las mujeres también denuncian que “en muchas ocasiones nuestros hijos han pensado suicidarse debido al encierro y desesperación que provoca el estar aquí”. La oficina de Cambria dijo que las condiciones en las que permanecen sus clientes “no son adecuadas” y urgió al gobierno responder a las exigencias señaladas en la carta. “Los adolescentes dicen que al estar aquí la vida no tiene sentido que quisieran quebrar la ventana para poder saltar y terminar toda esta pesadilla, y en muchas ocasiones nos preguntan si tenemos el valor para escaparnos”, se lee en el documento. Algunos de los pequeños encerrados junto a sus madres tienen apenas dos años de edad. “Estamos desesperadas y hemos decidido que saldremos vivas o saldremos muertas”, advierten las mujeres inmigrantes. “Si es necesario sacrificar nuestras vidas para que nuestros hijos tengan libertad lo vamos a hacer”.
Fallo judicial adverso
En junio la corte federal de apelaciones del 9º circuito le propinó a la política de detenciones de ICE y duro golpe al ordenarle al DHS que libere a los menores migrantes centroamericanos detenidos en sus cárceles. El dictamen, sin embargo, no incluyó a los padres de los menores quienes también están privados de libertad por tratar de entrar indocumentados en Estados Unidos huyendo de sus países de origen en busca de asilo. La corte dictaminó que las detenciones prolongadas de los niños inmigrantes viola el acuerdo judicial ‘Flores versus Meeze’ de hace casi dos décadas, que prohíbe el encierro de menores de edad en centros de detención. El 24 de julio y el 21 de agosto del 2015 la jueza Dolly Gee, que preside la Corte del Distrito Centro de California, ordenó al DHS poner en libertad a niños y mujeres detenidos en centros familiares habilitados en 2014, tras la crisis migratoria en la frontera. La respuesta de ICE La Oficina de Inmigración y Aduanas dijo a través de un correo electrónico que «se toma muy en serio la salud, la seguridad y el bienestar de las personas bajo nuestra atención» y que estaba siguiendo de cerca lo que estaba ocurriendo en el centro familiar de inmigrantes del condado de Berks. «El Centro Residencial Condado de Berks está dotado con servicios atención de salud mental y física con los que son tratados los residentes, y que son monitoreados», agregó.
La agencia también dijo que utiliza proveedores de salud mental privados externos según sea necesario, y aseguró que los residentes en Berks «tienen acceso a comidas que se sirven tres veces al día en la cafetería, acceso a bocadillos y otros alimentos». Los inmigrantes con los que habló Univision Noticias no reportaron quejas por las atenciones especificadas por ICE. La dependencia federal también dijo que monitorea de cerca a los huelgistas, agregó que no responderá sobre casos específicos, que respeta los derechos de todas las personas y que no habrá represalias.
