California.- Fue una victoria de la comunidad de fe. Hoy, Liliana Sánchez de Saldívar se ha convertido en un símbolo de la lucha de las iglesias santuario en Estados Unidos.
Este sábado en la Iglesia Unida de Cristo de Simi Valley fue un día de celebración. Liliana, su esposo Gerardo y sus cuatro hijos: Gerardo (16), Susy (13), Pablo (9) y Jesús (5) festejaban el final del calvario que vivió la mujer nacida en Panindicuaro, Michoacán.
Por tres años consecutivos, entre 2007 -2010, Liliana y el pequeño Pablito -entonces de 2 meses de edad- se refugiaron en iglesias para evitar la deportación.
Tras casi una década de lucha legal, pocos días después del Día de Acción de Gracias de 2015, Liliana recibió su “green card” .
La visita de la ‘migra’
En mayo de 2007, Liliana recibió la nada agradable visita de agentes de inmigración en su hogar de Oxnard.
“¿Por qué se quieren llevar a mi mami? ¡Ella no es mala!”, gritó la pequeña Susy. Los agentes se conmovieron ante la súplica.
La mujer pidió a los agentes unos días para dejar encargado a Gerardo, su hijo mayor, con alguien de confianza. Pero en lugar de entregarse a las autoridades, huyó en busca de ayuda.
De Saldívar inició su viacrucis como “refugiada” en la casa del diácono católico Manuel Valencia, en Sierra Madre; después pasó tres meses en una iglesia Episcopal en Long Beach, y desde 2007 a 2010 en la iglesia de Simi Valley.
Ella había sido penalizada de forma permanente para obtener la residencia legal. En un intento fallido por cruzar la frontera de forma ilegal, fue detenida y deportada a Tijuana desde la garita de San Ysidro. Tenía 19 años.
Falsamente había reclamado que era ciudadana estadounidense, aunque reconoció su error.
Reingresó ilegalmente al país, pero su caso ya había sido turnado a una lista de deportación expedita. Sus abogados, Gabriella Navarro-Busch y Peter Schey batallaron para que el caso fuese reabierto. Lograron que le aplicaran la acción diferida.
Schey, presidente del Centro de Derechos Humanos y Derecho Constitucional, explicó que Liliana “había sido preparada por un coyote para que presentara documentación falsa y mentir”. Ella no lo hizo.
En manos de CLUE-VC, la mujer, ahora de 37 años de edad, buscó protección y los líderes de Clérigos y Laicos Unidos para la Justicia Económica del Condado de Ventura (CLUE-VC) la defendieron.
Su santuario
Entre las puertas cerradas de la casa parroquial de Simi Valley vivió por tres años. El lugar declarado “santuario” de los inmigrantes desató un intenso debate.
A ella le preocupaba que en cualquier momento llegara “la migra” y el furor de quienes protestaban contra la iglesia, demandando su inmediata deportación.
Sin embargo, días después del Día de Acción de Gracias de 2015 recibió tres cartas de la oficina de Servicios de Inmigración y Ciudadanía. Era su “green card”.
“Bienvenida a los Estados Unidos”, decía la misiva que compartió con uno de sus principales defensores, el pastor emérito Frank Johnson.
“Todo mundo me conoce ya como Liliana Santuario, más que por mi apellido de esposa”, dijo. “Hoy quiero decir que mi ‘Green Card’ es de toda la comunidad inmigrante”.
No era prioridad, dice el DHS
Lory K. Haley, portavoz de la oficina de Servicios de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dijo que a Liliana le fue
otorgada la acción diferida para que pudiera extender el periodo de seguir sus acciones legales [para evitar ser deportada].
“Esta decisión fue coherente con las prioridades de control de inmigración de ICE, que centran los recursos de la agencia en los individuos que representan una amenaza potencial para la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza”, dijo.
Violación a las leyes migratorias
El reverendo James Oines, miembro de la Junta de Asesores de CLUE-VC y expastor de la iglesia luterana de la Santísima Trinidad en Thousand Oaks dijo a La Opinión que, al igual que el caso de Liliana, millones de otras madres están sufriendo el flagelo de la separación, a causa de leyes migratorias injustas.
Tras los recientes anuncios del DHS sobre redadas de inmigrantes, sobre todo madres y niños centroamericanos, Oines expresó que Estados Unidos está violando el Protocolo de Refugiados de 1980.
La Ley de Refugiados de 1980 define un refugiado como “una persona fuera de su país de nacimiento que no puede retornar debido a persecución o un miedo razonable de persecución a causa de la raza, religión, nacionalidad, membresía en un particular grupo social o de opinión política”.
