Ciudad de Panamá.- Panamá y México llegaron a un acuerdo para el traslado a la frontera con Estados Unidos de miles de cubanos irregulares que permanecen varados en el país centroamericano, aunque las autoridades panameñas advirtieron que cerrarán las fronteras ante hipotéticas nuevas llegadas de migrantes.
«Panamá trasladará a unos 3.800 cubanos hacia México tras un acuerdo con ese país», dijo este domingo a la AFP una fuente oficial bajo condición de anonimato.
Según la fuente, el traslado vía aérea comenzará el lunes desde el aeropuerto internacional de Tocumen hacia Ciudad Juárez (México), en la frontera con Estados Unidos.
La operación implica dos vuelos diarios, excepto los domingos, con 154 pasajeros por vuelo, cuyo costo corre a cargo de los propios migrantes cubanos.
En marzo, Panamá ya trasladó vía aérea a esa misma ciudad mexicana a más de 1.300 cubanos, tras un acuerdo con el gobierno mexicano.
En albergues
Aunque las autoridades panameñas advirtieron que la medida era excepcional, los cubanos han seguido llegando de manera irregular, pese al costo de la travesía y los peligros de la ruta a manos de traficantes de personas.
Los migrantes irregulares cubanos permanecen en albergues y hoteles de Panamá, principalmente cerca de la zona fronteriza con Costa Rica de Paso Canoas, a la espera de poder continuar hacia Estados Unidos, después de que Costa Rica y Nicaragua les cerraran el paso.
Desde hace unos años, los migrantes cubanos salen de la isla hacia Ecuador y de ahí siguen hacia Colombia, Centroamérica y México para llegar a Estados Unidos.
La vicepresidenta panameña, Isabel De Saint Malo, manifestó esta semana durante un foro organizado por la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington que Panamá «se verá en la necesidad de tomar medidas similares» a las tomadas por Nicaragua y Costa Rica «para desincentivar el flujo de migrantes».
De Saint Malo pidió a los países latinoamericanos implicados «una solución integral» para la migración de los cubanos y calificó de «contradictoria» la posición adoptada por Nicaragua y Costa Rica, que ha puesto a Panamá en una situación «en extremo difícil», según un comunicado.
