Charlotte, NC.- Un grupo de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes en Carolina del Norte lanzó una campaña para que las oficinas de los alguaciles no participen en el polémico programa federal 287(g).
“El objetivo es que las policías locales no estén haciendo el trabajo de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) y se conviertan en agentes del servicio de inmigración, algo que sólo le compete al gobierno federal”, dijo a Univisión Noticias Yolanda Zabala, coordinadora del Comité Popular Somos Raleigh.
El programa 287(g) faculta a las policías locales (estatal y municipal) actuar como agentes del servicio de inmigración en el arresto de extranjeros indocumentados o sin permiso de permanencia legal en el país.
El 287(g) es una sección de la Ley de Inmigración (INA, por su sigla en inglés), vigente desde 1996, que permite al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) alcanzar acuerdos con las policías locales para controlar la inmigración indocumentada en casos excepcionales.
“Estamos trabajando con el gobernador de Carolina del Norte para que nos escuche y anuncie que las policías del estado no participarán en este programa”, dijo Zabala. “Y al mismo tiempo pedirle a los alguaciles que usen la discreción y no colaboren con el gobierno en la detención de indocumentados que luego son deportados”.
Poderes extraordinarios
El programa otorga poderes extraordinarios a los agentes locales para verificar el estatus migratorio de los detenidos aunque sea por delitos menores. Si se descubre que se trata de indocumentados, la policía local los entrega a ICE y son puestos en proceso de deportación.
Zabala dijo además que el programa 287(g) no garantiza el debido proceso, separa a las familias y en muchos casos las personas deportadas no tienen antecedentes criminales que pongan en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos.
ICE responde que desde el 20 de noviembre del 2014 sus operaciones se basan en la lista de prioridades de deportación anunciadas por el Secretario de Seguridad Nacional Jeh Johnson, el mismo día en que el presidente Barack Obama dio a conocer la Acción Ejecutiva que incluye los programas DACA y DAPA.
- Prioridad 1: Quienes sean considerados una amenaza a la seguridad nacional, de la frontera o pública (terroristas, personas involucradas en espionaje, criminales, pandilleros, entre otros);
- Prioridad 2: Personas con historial extenso de violaciones de inmigración, quienes hayan cruzado la frontera recientemente (después del 1 de enero de 2014. Aquí se incluye a los migrantes centroamericanos);
- Prioridad 3: Personas con DUI, cargos por violencia doméstica, explotación sexual, robo y cualquier delito que tenga más de 90 días como penalidad de cárcel; y,
- Prioridad 4: Inmigrantes con una orden final de deportación en o después del 1 de enero de 2014.
