El Paso.- Los 26 estados que demandaron la Acción Ejecutiva migratoria que el presidente Barack Obama anunció en 2014 podrían experimentar fuertes pérdidas económicas, estimadas en al menos 91,900 millones de dólares.
Así lo señala un estudio publicado por el Centro para el Progreso Americano (CAP, por su sigla en inglés) a menos de tres semanas de que el máximo tribunal de justicia celebre una audiencia en el proceso de revisión del beneficio.
El reporte indica que, a nivel nacional, la economía estadounidense crecerá en unos 230,000 millones de dólares en una década al permitir que los 5 millones de indocumentados obtengan una autorización temporal de empleo.
“Los estados demandantes no están ignorando el hecho que un fallo contra DACA y DAPA puede resultar en una pérdida económica. Pero en sus escritos legales (amicus briefs) detallan que el impacto económico no es relevante legalmente”, dijo Tom Jawetz, vicepresidente del equipo de inmigración del Center for American Progress.
“En sus amicus briefs de “Cities y Counties” (ciudades y condados) las grandes ciudades detallan la perdida económica pero al final del día saben que pueden perder unos $91,900 millones de su PIB estatal y, a pesar de ello, todavía siguen con esta demanda”, agregó Jawetz.
“Serán capaces de hacer uso de sus habilidades para ganar salarios más altos y llegar a ser económicamente más productivos”, puntualiza el informe.
En conjunto, agrega, 18 de los 26 estados demandantes “pueden llegar a perder un estimado de 91,900 millones de dólares en aumento al Producto Interno Bruto (PIB) en una década si el máximo tribunal de justicia no libera la Acción Ejecutiva.
También apunta que los residentes de los 26 estados demandantes pueden dejar de percibir 48,400 millones de dólares por incremento de ingresos que se generarían al liberarse el beneficio, y que a nivel nacional las ganancias se incrementarían en unos $124,000 millones.
Pago de impuestos
El CAP también estima que la implementación de los programas DAPA y DACA elevaría los ingresos de los residentes de estos estados por más de 48,400 millones de dólares. Pero si la Corte Suprema no quita las restricciones, los 26 estados demandantes pueden llegar a perder casi 272 millones de dólares cada año por concepto de ingresos fiscales estatales y locales.
Detalla que los inmigrantes no autorizados contribuyen con 11,064 millones de dólares a las arcas estatales y locales a través de impuestos, según un nuevo informe del Institute on Taxation and Economic Policy.
El CAP también señala que la total implantación de la Acción Ejecutiva aumentaría anualmente las contribuciones de impuestos estatales y locales en 805 millones de dólares, y que ellos 271,1 millones de dólares irían a las arcas de los estados demandantes.
“Texas (estado que encabezó la demanda de los 26 estados), lidera la lista con casi 59 millones de dólares en ganancias anuales”, subraya el CAP.
Familiares estadounidenses
Otro beneficio mencionado por el CAP corresponde al número de ciudadanos de Estados Unidos que se beneficiarían directamente de la Acción Ejecutiva. “Más de 2,6 millones de estadounidenses viven con un familiar elegible para DAPA en los 26 estados demandantes”, revela el informe.
Añade que el 70% de los beneficiarios previstos en la Acción Ejecutiva migratoria han vivido en Estados Unidos por lo menos 10 años, y un cuarto de ellos por lo menos 20 años.
“De acuerdo con una estimación preparada para CAP por el Centro para el Estudio de Integración de los Inmigrantes de la Universidad de Sur California, más de 6,1 millones de ciudadanos estadounidenses en todo el país viven en la misma casa que un familiar elegible para DAPA”, señala,
California encabeza la lista con un estimado de 1.8 millones de personas, seguido por Texas con casi 1,1 millones.
El programa
La Acción Ejecutiva incluye dos programas clave que amparan de la deportación a unos 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes (DAPA, por su sigla en inglés) y jóvenes que entraron siendo niños a Estados Unidos que se les conoce como dreamers y que están protegidos por la Acción Diferida de 2012 (DACA, por su sigla en inglés).
Ambos grupos, además, recibirán una autorización de empleo (permiso de trabajo) renovable cada tres años.
Dos semanas después del anuncio de Obama, el 3 de diciembre, 26 estados (24 de ellos gobernados por republicanos) demandaron la medida argumentando que el presidente se había extralimitado en sus poderes y que la medida viola la Constitución porque sólo el Congreso –y no el Ejecutivo- puede cambiar las leyes federales.
El 16 de febrero de 2015 el juez Andrew S. Hanen, de la corte de distrito en Brownsville, Texas, dictó una medida cautelar que frenó la Acción Ejecutiva. En noviembre la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito en Nueva Orleans ratificó el fallo de Hanen.
El 20 de noviembre del año pasado, un año después del anuncio de Obama, el Departamento de Justicia le pidió a la Corte Suprema que revise la medida, y aseguró que el presidente actuó en apego a la ley y en uso de sus facultades garantizadas por la Constitución.
La Casa Blanca ha dicho que Obama actuó en respuesta a la inacción del Congreso con el tema de la reforma migratoria para sacar de las sombras a millones de indocumentados que llevan tiempo en el país y carecen de antecedentes criminales.
El 27 de junio del 2013 el Senado aprobó el proyecto bipartidista de reforma migratoria S.744 que incluyó un camino a la ciudadanía para indocumentados que llevan tiempo en el país y carecen de antecedentes criminales.
El proyecto se detuvo en la Cámara de Representantes
