San Salvador.- “El asilo político no está diseñado para encubrir posibles delincuentes, procesados o imputados penales, a ellos no se les aplica el asilo político”. Así de tajante fue la lectura del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, René Hernández Valiente, al analizar el trámite de extradición que la Fiscalía iniciará contra el expresidente Mauricio Funes, asilado en Nicaragua.
Funes es acusado por la Fiscalía de crear en Casa Presidencial una estructura corrupta que desvió $351 millones de fondos estatales.
En consonancia con Hernández Valiente se manifestó el abogado penalista Lisandro Quintanilla, para quien de ninguna manera el asilo político del que goza Funes, desde septiembre de 2016, impide su extradición al país para enfrentar cargos que se le atribuyen.
“El asilo no ha sido diseñado para una persecución penal, el asilo tiene sus propios presupuestos conforme al derecho internacional y los tratados internacionales”, afirmó Quintanilla.
En todo caso, el asilo está supeditado para cuestiones de persecuciones políticas, atentados contra la vida en razón de la raza, el credo, la religión, pero no para “una persona acusada de corrupción”.
Vivía con deudas
En ese sentido, el jurista Rolando Aparicio afirmó que el futuro de Funes dependerá de la suerte o de lo que derive la crisis en Nicaragua.
Solo que la solicitud, añade, deberá judicializarse a petición de la Fiscalía, para luego elevarla a la Corte Suprema de Justicia y ésta en pleno avalaría si procede.
De aprobarla seguiría el trámite necesario, el cual podría tener tropiezos como que el presidente de Nicaragua Daniel Ortega se resista a extraditar a Funes.
En todo caso, la obstrucción sería mientras Ortega esté en el poder pero, “si llegara a cambiar el gobierno allá, quién sabe si seguiría con el estatus como él lo ha manifestado, que es perseguido político”, afirmó el abogado Aparicio.
Quintanilla estima que si el presidente Ortega se niega a extraditar a Funes, su disposición quedaría a la luz de la comunidad internacional que se está violentando los protocolos del asilo y refugio al dar uso diferentes a criminales”.
Aparicio dijo que una orden de captura internacional y careciendo de la inmunidad que ostenta, su extradición sería factible.
El exmagistrado Hernández Valiente dijo: “En mi opinión, Mauricio Funes puede ser extraditado, todo depende de la resolución de la Corte Suprema de Justicia y de si el Gobierno de Nicaragua le hace caso a la petición de la Corte”.
A los imputados se les acusa de sustraer $351 millones de las arcas del Estado entre 2009 y 2014, periodo del gobierno del expresidente Mauricio Funes, asilado en Nicaragua
La postura de los diputados
El diputado Guadalupe Vásquez, jefe de fracción de GANA, es del criterio de que si detrás de este caso hay una investigación seria y robusta “y si la justicia así lo establece, pues tiene que ser extraditado y cumplir con lo que la ley manda”.
Agregó que serán los tribunales los que determinarán “si es inocente o culpable y tendrá que ser responsable de sus actos”.
El diputado del FMLN, Manuel Flores, dijo que no se oponen a ninguna investigación “pero dejemos que las instituciones funcionen”.
Flores pidió que las leyes sean parejas y fue más allá al pedir que ningún delito prescriba, “que sean retroactivos y que se investigue desde un principio, vamos a ver de qué tipo de correa están hechas las coyundas”.
Ningún obstáculo jurídico
El diputado por ARENA, René Portillo Cuadra, es del criterio que “el asilo político que ha otorgado Nicaragua al expresidente Funes, no es ningún obstáculo jurídico para que pueda enfrentar la justicia”.
“No está siendo perseguido políticamente, se le está imputando delitos comunes, delitos de cuello blanco, delitos que fueron cometidos en abuso del poder político del cual disponía y todo un plan de crimen organizado de personas vinculadas a este traslado de fondos”.
Portillo dijo que aparte del mecanismo de la extradición está el de tipo policial, cuando existe una difusión roja de un país que requiere de una persona que está en otro país, no se requiere de un tratado de extradición porque el tratado ya fue firmado por los países suscriptores que tienen que dar cumplimiento a la difusión roja, como es el caso del área centroamericana”.
El diputado de PCN, Antonio Almendáriz, afirmó por su parte que estarán “expectantes que el debido proceso en El Salvador se respete”.
La diputada por ARENA, Karla Hernández, solicitó ayer la ratificación urgente de un convenio de detención y extradición simplificada en Centroamérica y Dominicana para el combate del crimen en cualquier país firmante. Con este convenio la Fiscalía de cualquier país podría solicitar la extradición de un acusado alojado en otro país sin pasar por los engorrosos trámites.
