Nicaragua – Los obispos de Nicaragua se han convertido en una suerte de árbitro para encontrar una salida a la profunda crisis política y social que vive este país centroamericano y que se ha cobrado ya la vida de al menos 53 personas. La tarde de este lunes los miembros de la Conferencia Episcopal pusieron fecha al inicio de un diálogo nacional lleno de incertidumbre, después de que el presidente Ortega aceptara solo uno de los cuatro requerimientos que los obispos habían pedido para iniciar las negociaciones. La Iglesia fue clara al afirmar que “las circunstancias para dicho diálogo no son las más idóneas”, pero que el mismo debe estar encaminado a allanar el camino para la democratización de este país, cuya institucionalidad ha sido destrozada por Ortega tras once años de mandato autoritario.
El viernes, la Iglesia había emplazado a Ortega a cesar de inmediato la represión contra las masivas manifestaciones que de forma pacífica exigen el fin del régimen. También solicitaron “suprimir” los “cuerpos paramilitares” y las “fuerzas de choque” del Gobierno, no usar a la Policía nacional en acciones represivas y garantizar la integridad de los estudiantes universitarios que han retado el poder de Ortega en las calles. Otro de los requerimientos era no obligar a los empleados públicos a asistir a eventos partidarios donde se cantan loas al mandatario y que el Ejecutivo permitiera el ingreso al país de una misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que investigue los hechos ocurridos desde abril, cuando el mandatario desató una cruenta represión contra las manifestaciones.
Este último requerimiento fue el único que cumplió Ortega –que no ha dado la cara en Nicaragua desde el 30 de abril–, mientras mantiene la represión contra las manifestaciones. El sábado sus huestes atacaron la ciudad de Masaya, a 35 kilómetros al sur de Managua, causando un muerto y decenas de heridos. La madrugada de este lunes se dieron enfrentamientos en Sébaco, importante zona productiva localizada a cien kilómetros de la capital, que también han dejado varios heridos, incluido uno de gravedad tras recibir un disparo en la garganta.
Al llamado diálogo nacional han sido invitados representantes de los empresarios, organizaciones de la sociedad civil, la academia y los universitarios, actores clave en este despertar popular en Nicaragua. Los obispos dijeron este lunes que si bien no hay circunstancias idóneas para dialogar, esperaban que el proceso “aborde estructuralmente el tema de la institucionalidad del país con el objetivo de ir allanando el camino hacia una democratización”.
Está por verse hasta dónde está dispuesto a ceder Ortega, que va a la mesa del diálogo debilitado, después de casi un mes de presión popular en todo el país. Los manifestantes exigen la dimisión inmediata del presidente, pero hay sectores que proponen una salida más institucional y menos caótica, que incluya reformas al Estado, adelanto de elecciones y la garantía de que Ortega ni esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, podrán participar en un futuro proceso electoral. El consenso general en Nicaragua, sin embargo, es que cualquier solución a la crisis pasa porque Ortega deje el poder de forma pacífica, sin esperar a 2021, cuando termina el actual mandato.
A Ortega le quedan dos opciones: negociar el fin del régimen con garantías para él y su familia o atornillarse en la violencia y desatar un baño de sangre en Nicaragua, lo que ya hizo Somoza en su tiempo, el dictador al que Ortega combatió, pero cuyos desmanes parece empeñado en repetir.
