Ciudad de Guatemala – Guatemala.- El Congreso de Guatemala aprobó una cuestionada Ley que otorga nuevos beneficios a los presos en el país y favorece la impunidad. El instrumento legal que recibió el voto positivo permitirá reducir a los reos las penas impuestas por los tribunales hasta en un 50%, la única exigencia para el detenido será aceptar “de forma consciente, voluntaria e informada haber cometido el delito”.
Para aquellas personas que hayan cometido crímenes de lesa humanidad [genocidio, desaparición forzada, tortura…], contra la niñez y adolescencia, la seguridad del Estado y reincidentes, no aplica la reforma del Código Penal.
Los beneficiarios de la nueva Ley solo serán aquellos reclusos cuya pena no supere los 10 años y aquellas que hayan hecho una “reparación digna e integral a las víctimas en sus componentes de indemnización, restitución y garantía de no repetición”.
“Si el beneficiario no puede pagar la cantidad completa, el juez puede fijar una cuota inicial entre el 20% y el 30%, y definirá la forma de pagar el resto” para lo cual deben presentar garantías reales”, especifica la reforma sobre el pago de indemnizaciones.
Los cambios al Código Penal, la rapidez con la que se aprobó la nueva ley, el elevado quórum que hubo en el Parlamento y las nulas discrepancias que generó el tema entre los políticos, han generado críticas y opiniones entre los guatemaltecos quienes no descartan que todo estuviese consensuado entre los partidos políticos, algunos de ellos con importantes dirigentes encarcelados por corrupción, como Sandra Torres o el expresidente Otto Pérez Molina.
“Facilitar el alivio del reo por tener procesos acumulados, es positivo, aunque habrá que valorar si la manera como finalmente quedó aprobada resultará beneficiosa”, fue la opinión del sociólogo Gustavo Berganza, sobre el espíritu original de la ley.
Por su parte, el procurador de Derechos Humanos Jordán Rodas sostiene que la acción de la reforma deja en entredicho la existencia de una justicia independiente y la certeza que debe prevalecer sobre la misma.
“Saldrán libres reos ya sentenciados por delitos como extorsiones u homicidios, y favorecerá a personas ligadas al poder político y al sector económico. Dejará en libertad a gente con un perfil delincuencial peligroso”, advierte Rodas.
El analista Manfredo Marroquín también ha criticado el nuevo instrumento legal y aseguró: “Esta reforma al Código Penal incentiva al crimen organizado y la impunidad a Guatemala”
“Evidentemente, premia la comisión de delitos, como el expolio a los bienes del Estado, que ahora resultan conmutables. Más que un retroceso, es una invitación a que los grupos que actúan al margen de la ley sigan creciendo”, agregó el analista.
La tesis de Manfredo Marroquín es compartida por Luis Linares, analista de la Asociación de investigación y Estudios Sociales.
“Es un insulto y una muestra de lo envalentonados que los políticos corruptos están. Una aberración intolerable (…) Los diputados parecen retar a la población, lo que puede conducir a que en Guatemala se vivan situaciones como las de Bolivia o Chile. Ya no serán las manifestaciones pacíficas de hace cuatro años, sino que pueden derivar en una violencia impredecible”, expresó.
