Charlotte, NC.- La Junta de Comisionados aprobó que el condado Mecklenburg exigirá mascarillas en las ceremonias religiosas en instalaciones de interiores.
La decisión quedó aprobada en la reunión del miércoles en la noche. La votación dividida de 5 a 4 amplió el mandato de máscara del condado. Además dejó en evidencia la división entre los miembros de la junta sobre la libertad religiosa.
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Mecklenburg exigirá mascarillas muy pronto. La normativa indica que la medida puede entrar en vigencia 10 días después de su publicación, una acción que no está clara por los momentos cuándo ocurrirá.
Mecklenburg exigirá mascarillas
Charlotte Observer reseñó parte de la discusión y argumentos de los comisionados que votaron en la reunión. Extractos de éstos se reflejan a continuación.
La junta aprobó la moción presentada por el comisionado Leigh Altman. Para él es «un trato igualitario y justo» incluir todas las reuniones en interiores y en persona en el mandato de la máscara, incluso si son religiosas.
«Debemos proteger a las personas dondequiera que estén, incluso cuando se reúnen como comunidad religiosa», dijo Altman.
A Altman lo apoyaron los comisionados Mark Jerrell, Susan Rodríguez-McDowell, Laura Meier y Ella Scarborough.
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Entre los que votaron en contra de la moción está George Dunlap, quien también presidente de la junta. «Respeto el derecho de separación de la iglesia y el estado, y no quiero que vayamos por un camino resbaladizo, una pendiente resbaladiza».
Para Dunlap, si una iglesia no quiere requerir máscaras es su “derecho”.
Mecklenburg exigirá mascarillas en las ceremonias religiosas. Es un hecho. La decisión no contó con el apoyo de los comisionados Vilma Leake, Elaine Powell, Pat Cotham y Dunlap.
Una regulación complicada
Esta no es la primera vez en Carolina del Norte que en medio de la pandemia de COVID-19 se intenta regular eventos religiosos.
En 2020 un juez federal anuló un mandato del gobernador Roy Cooper que prohibía las reuniones religiosas en interiores con más de 10 personas. El tribunal resaltó en su argumento un trato desigual porque a los negocios se les permitía mantener sus instalaciones hasta el 50% de su capacidad.
En California un juez también bloqueó una prohibición total de reuniones religiosas en interiores. Sin embargo, dictaminó que el estado podía limitar la capacidad.
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