Nueva York, NY.- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, firmó este sábado una legislación que clasifica como extorsión o coerción a ciertas amenazas relacionadas a denunciar el estado migratorio de una persona.
Por ende, las amenazas de denunciar el estado migratorio de una persona pueden actualmente tratarse como un delito en casos de trata laboral y trata sexual. Sin embargo, no se trataban anteriormente como posibles delitos de extorsión o coacción.
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Por su parte, la gobernadora Hochul, expresó, “Nueva York se basa en el arduo trabajo y la determinación de generaciones de inmigrantes. Y necesitamos apoyar a las personas que están tratando de construir una vida mejor para ellos y sus familias”.
Kathy Hochul se suma a estados como California, Colorado, Maryland y Virginia en la protección de la extorción de inmigrantes
Inmediatamente, continuó, “Esta legislación protegerá a los neoyorquinos de los malos actores que utilizan la extorsión o la coacción debido a su estado migratorio. Hará que nuestro estado sea más seguro contra amenazas e intimidación viles”.
When I became governor, I said I would fight like hell every single day for New Yorkers.
In 45 days we’ve accomplished a lot, but this is only the beginning. pic.twitter.com/oAvC3DP0Pc
— Kathy Hochul (@KathyHochul) October 8, 2021
Al mismo tiempo este proyecto de ley permite a los fiscales procesar los esfuerzos para chantajear a una persona al amenazarla con provocar un proceso de deportación incluso cuando no esté relacionado con el tráfico laboral o sexual.
La extorsión y la coacción implican obligar a una persona a entregar una propiedad, o a participar o abstenerse de participar en otras conductas mediante la intimidación, incluida la amenaza de presentar cargos penales en su contra.
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De manera que, esta legislación modifica las definiciones del Derecho Penal de “extorsión” y “coacción”. Para incluir también las amenazas con el fin de hacer que se inicie un proceso de deportación contra una persona.
Esta medida se suma gestiones similares en California, Colorado, Maryland y Virginia, basándose en un modelo recomendado por el Instituto de Liderazgo Público titulada “Ley de Prevención de la Extorsión de Inmigrantes”.
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