Dallas – EEUU.- “Es un miedo que te paraliza y no puedes moverte” es la oración que logra articular Samuel Cervantes, a la hora de hablar sobre su posible expulsión de Estados Unidos.
El joven, que hoy tiene 22 años, pero que llegó a suelo estadounidense con tan sólo cinco, es uno de los miles de beneficiarios de DACA, la acción diferida que protege de la deportación a miles de “dreamers”, inmigrantes indocumentados que arribaron a Estados Unidos siendo niños, en compañía de sus padres.
“Durante los últimos años que he tenido DACA, mi identidad se vio conectada con DACA y es parte de cuando me levanto cada día”, dice Samuel, al momento de referirse el programa que le permitió ingresar a la Universidad de Texas, donde cursa Estudios de Comunicación, con un certificado en Derechos Humanos y Justicia Social.
Por ese motivo, cuando describe a la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, el joven de origen mexicano se refiere a ella como “la luz (que) entró entre las nubes”, pues gracias a sus beneficios pudo salir de las sombras para ser “la persona que siempre sabía que yo era”.
DACA “me dio confianza para poder caminar en este mundo y saber que no me van a deportar, y me dio tranquilidad”, comenta de manera reflexiva.
Sin embargo, desde 2017, la vida y dinámica de Samuel cambiaron de manera radical. Fue ese año cuando el presidente Donald Trump, en ejercicio de sus facultades ejecutivas, decidió ponerle fin al programa.
“Yo me había preparado mentalmente para el momento en que Donald Trump se convirtiera en presidente. Yo sabía que el programa DACA se iba a terminar”, confiesa Cervantes. Pese a ello, el inmigrante reconoce que la eliminación de la medida “me causó mucha ansiedad, me causó miedo”.
Hoy en día, al mexicano le preocupa que la tarjeta que le fue otorgada y que le acredita como un “dreamer” quede sin efecto a partir de octubre de 2020. También le causa angustia la posibilidad de ser detenido por alguna autoridad federal, en materia migratoria.
Por ese motivo – y según relata – tanto él como sus padres se abstienen de ir a hospitales, farmacias o cualquier otro lugar en el que les puedan preguntar por su estatus legal dentro de Estados Unidos.
