El Gobierno que preside Donald Trump ha asegurado que trata de acelerar el procesamiento judicial de 13.000 inmigrantes menores de edad que mantiene bajo custodia federal al obligarlos a comparecer por video desde su lugar de detención en lugar de hacerlo personalmente ante el juez.
El problema, según algunos abogados y jueces, es que el sistema está plagado de problemas técnicos tales como fallas de audio, malas conexiones e imágenes pixeladas, lo que dificulta brindarles a los adolescentes una audiencia justa. Para los jueces puede ser difícil evaluar la credibilidad de los menores sin un contacto directo. Y además escamotea los procesos, que legalmente deben ser públicos.
Por su parte, la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), que tiene a su cargo a los adolescentes, dice que su programa piloto ahorrará dinero y permitirá que los jóvenes, cuyo alojamiento en algunos casos cuesta más de 775 dólares por noche, comparezcan más rápidamente ante un juez.
El programa para los adolescentes comenzó hace algunas semanas. La teleconferencia por video ya se usa ampliamente para una serie de procesos legales con adultos. Hasta el momento han comparecido unos 30 jóvenes vía videoconferencia ante jueces en Phoenix (Arizona) y Harlingen (Texas), según la portavoz de la ORR, Lydia Holt. Se han realizado audiencias similares en cortes de inmigración en Miami y Nueva York, y se prevén otras en Los Ángeles, Filadelfia, El Paso, Seattle, Tucson y San Francisco.
Según Holt, el Gobierno ha recomendado que otros 75 menores no acompañados comparezcan por video. Son en su mayoría migrantes de entre 15 y 17 años que están presos desde hace más tiempo y quieren que sus casos se resuelvan rápidamente. “En la medida de lo posible, la ORR no quiere que los niños permanezcan más de lo necesario en nuestras instalaciones mientras esperan que sus casos lleguen a audiencia”, aseguró.
Los refugios de la ORR están repletos, principalmente de niños que llegaron sin sus padres y tienen familiares o amigos en Estados Unidos dispuestos a acogerlos. Pero pueden pasar meses detenidos mientras el gobierno decide si los deporta o los entrega a sus padres u otros patrocinadores, que ahora enfrentan normas más estrictas para su aprobación en Estados Unidos.
Casi el 60% de los niños migrantes que tuvieron su primera audiencia en el año fiscal en 2017 aún no tenían abogados en agosto pasado, según la base de datos Transactional Records Access Clearinghouse.
En los estados donde los niños comparecen por video, los abogados dicen que el programa no ha funcionado bien hasta ahora y amenaza con prolongar el proceso legal. La representación legal es en gran medida pro bono y las organizaciones no pueden tener dos abogados en cada comparecencia, uno en el tribunal y otro en el refugio.
En un caso, no hubo manera de transmitir los documentos, de manera que una persona debió ir en auto al refugio para entregar la documentación al adolescente. Otro adolescente dejó de hablar y empezó a mirar a su alrededor de la sala cuando la pantalla que recibía la imagen desde el tribunal quedó en blanco, lo que confundió al juez que intentaba evaluar la credibilidad del menor.
El Gobierno pide a los empleados de los refugios que instalen salas de audiencias con una mesa para el niño y otras, vacías, para el juez y el fiscal.
La jueza Ashley Tabaddor, presidenta de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, dijo que es “muy, muy difícil de trabajar” con el equipo de teleconferencia. Las conexiones telefónicas se caen, las pantallas se vuelven borrosas, los participantes tienen problemas para escucharse, un problema agravado por los intérpretes, que con frecuencia no se encuentran en los dos lugares. “Nada puede reemplazar la audiencia en persona”, dijo Tabaddor.
Ingrid Eagly, profesora de derecho en la Universidad de California, Los Ángeles, que ha analizado miles de casos de inmigrantes adultos, descubrió que la probabilidad de ser deportados era mayor entre los que veían al juez en una pantalla que entre los que comparecían en la corte.
El motivo es que en las audiencias en persona, los detenidos comprenden mejor sus opciones y solicitan asesoría legal. En los centros de detención, las fallas técnicas provocan desesperación y la sensación de que todo el procedimiento es injusto, por lo que el inmigrante tiende a rendirse, dijo Eagly.
A veces, los defendidos tienen que hablar sobre traumas, abusos y miedos profundamente personales, dijo la abogada Archi Pyati, quien representa a niños migrantes en Nueva York.
“Es muy difícil hablar de esas cosas con una pantalla en lugar de un ser humano”, dijo.
