El Gobierno está negando la renovación del pasaporte a cientos y, posiblemente, miles de hispanos en áreas fronterizas con México después de acusarles de haber usado certificados de nacimiento falsos desde que eran bebés, según ha informado este miércoles el diario The Washington Post.
El rotativo, que elaboró su investigación a partir de entrevistas con afectados y abogados de inmigración, asegura que existe un cambio en la política de renovación de pasaportes, aunque el Departamento de Estado niega cualquier tipo de variación en los protocolos vigentes.
No obstante, de acuerdo a la información de este periódico, algunos hispanos que han tratado de renovar sus pasaportes se encuentran en centros de detención para inmigrantes e, incluso, están en proceso de deportación, aunque el diario no ofreció más detalles.
Otros están atrapados en México y no pueden regresar a Estados Unidos porque sus pasaportes fueron revocados sin previo aviso cuando trataban de volver a sus hogares.
Según este diario, la mayoría de los casos se están produciendo en el sur de Texas, en la frontera con México, y pone como ejemplo a Juan, un hombre de 40 años que no pudo renovar su pasaporte estadounidense, aunque su certificado de nacimiento muestra que nació en Brownsville (Texas).
Juan recibió una carta del Departamento de Estado, en la que se le informaba de que las autoridades no creían que fuera ciudadano del país.
Según el Post, el Gobierno defiende que entre la década de los 50 y los 90 algunas matronas y médicos en la frontera entre México y el estado de Texas dieron certificados falsos a niños que, en realidad, habían nacido en México.
En una serie de juicios en los años 90, varios médicos reconocieron que habían elaborado certificados de nacimiento falsos. En base a estas sospechas, bajo el Gobierno de Barack Obama (2009-2017), el Departamento de Estado comenzó a negar pasaportes a algunas personas que habían nacido en el Valle del Río Bravo, en Texas, ayudados por matronas, muchas veces en casa ante los elevados costes de los hospitales estadounidenses.
En 2009, el Ejecutivo de Obama y la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), uno de los grupos más importantes en la defensa de los derechos, llegaron a un acuerdo judicial y se redujo el número de pasaportes que revocaban las autoridades.
Ahora, bajo el Gobierno del presidente, Donald Trump, esta política parece haber resurgido, apuntó el Post.
