El juez federal, Andrew S. Hanen, reanuda este lunes el caso que ha puesto en jaque el futuro de los dreamers. La continuidad de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege a alrededor de 700,000 jóvenes inmigrantes de la deportación, depende de la decisión de este magistrado. El nerviosismo crece entre los «soñadores» ya que se trata del juez que falló en contra de nuevas protecciones para inmigrantes en 2015. Defensores y detractores del programa tienen hasta hoy para presentar nuevos informes ante el juez y que este tome finalmente una decisión.
Texas, junto a una coalición de estados, pidió el pasado miércoles en una corte federal en Houston el fin de DACA. Su argumento: que el programa agota recursos estatales y que nunca debería haber recibido protección federal. Los defensores apuntaron que las afirmaciones que señalan que los destinatarios de DACA agotan los recursos del estado son «irrelevantes y enormemente infladas».
Hanen es el juez que frenó la implementación de una ampliación del programa de DACA y el programa de DAPA, que hubiera protegido de la deportación a los padres de los «soñadores». Por eso los activistas tienen pocas esperanzas de que el tribunal en Texas falle a favor de los jóvenes migrantes.
El magistrado no emitió un fallo de inmediato el pasado miércoles. Texas ahora pide a Hanen que evite que el gobierno de EE. UU. aplique el memorando de 2012 de Obama que creó DACA. En cambio, otros jueces federales han impedido que la administración del presidente Donald Trump acabe con el programa.
El último fue el juez federal, John Bates, que ordenó hace diez días al Gobierno el completo restablecimiento de DACA. El magistrado calificó la decisión de Trump de desmantelar el programa el pasado septiembre de “arbitraria” y “caprichosa”. Dio un plazo a la Administración 20 días para apelar.
Si Hanen toma una decisión contra DACA los expertos legales dicen que el conflicto llamará la atención de los tribunales superiores y posiblemente del Tribunal Supremo de los EE. UU. Además, entraría en conflicto con las otras resoluciones judiciales a favor del programa.
DACA ha permitido a unos 700,000 inmigrantes ilegales, que llegaron a los Estados Unidos cuando eran niño, obtener permisos de trabajo y licencias de conducir.
