El juez federal John Bates, del Distrito de Columbia, calificó la decisión de poner fin al programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia, conocido como DACA, como algo injustificado y por lo tanto «ilegal».
«El argumento legal no fue virtualmente explicado y, por lo tanto, no puede justificar la decisión de la agencia», se lee en el documento.
El magistrado indica que el fin del programa por parte del gobierno «fue arbitrario y caprichoso». «Por estas razones, el fin de DACA fue ilegal y tiene que interrumpirse por ahora».
90 días de plazo a Trump
Sin embargo, el juez da un plazo de 90 días para permitir que la administración Trump proporcione una razón más sólida para finalizar el programa. » La corte aplaza su orden por 90 días para permitir al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) la oportunidad de explicar mejor su punto de vista de que DACA es ilegal«.
El magistrado Bates apuntó que los tribunales tienen la autoridad para revisar la interpretación de la ley de una agencia, en este caso DHS, “si se utiliza para justificar una política de cumplimiento, incluso cuando esa interpretación se refiere al alcance legal de la discreción de aplicación de la agencia”.
Indicó que el juicio legal emitido para finalizar DACA “era prácticamente inexplicable, por lo que no puede respaldar la decisión de la agencia”.
Este es el tercer magistrado que decide a favor de DACA por lo que se trata de un nuevo golpe en contra de los intentos del gobierno por terminar con la acción ejecutiva que proteje a los dreamers.
Bates señaló que la decisión del gobierno de Trump de cancelar DACA “también fue arbitrario y caprichoso en sí mismo y, por lo tanto, tampoco puede respaldar la acción de la agencia”. E indicó que “por estas razones, la rescisión de DACA fue ilegal y debe ser anulada”.
¿Fin de DACA? Tres jueces dicen que «no»
La de este martes es la tercera decisión de un juez en favor de DACA.
DACA, una acción ejecutiva firmada por el expresidente Barack Obama en 2012, ampara de la deportación y otorga un permiso de trabajo renovable cada dos años a unos 700,000 jóvenes indocumentados. Fue cancelada el 5 de septiembre de 2017 por Trump.
Cuando fue cancelado, el fiscal general Jeff Sessions concedió un plazo de 30 días para que aquellos dreamers cuyos permisos de trabajo vencieron entre el 5 de septiembre de 2017 y el 5 de marzo de 2018, renovaran sus protecciones por otros dos años.
Pero el 9 de enero una corte federal del norte de California restituyó el programa a los mismos términos que regía antes de su eliminación.
Ese dictamen respondió a una demanda presentada en noviembre del año pasado, entre otros, por la Universidad de California, la ciudad de San José y el condado de Santa Clara, en California, y los estados de Maine, Minnesota y Maryland. El tribunal decidió que el programa debe continuar vigente mientras sigue la revisión de los procesos.
Luego, el 13 de febrero, un segundo tribunal, de Brooklyn, Nueva York, emitió un dictamen similar y ordenó restituir el programa tal y como se encontraba vigente antes del 5 de septiembre del año pasado, pero dejó a discreción del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) si aceptaba o no nuevas inscripciones.
