Cuando un extranjero comparece ante un juez de inmigración por haber entrado irregularmente en el país, casi siempre lo hace sin la ayuda de un abogado.
El Departamento de Justicia puso en marcha en 2003 un programa de asistencia legal para remediar esto. Ahora, dentro de su estrategia por acabar con el atasco de casos de inmigración pendientes, y por combatir de todas las formas posibles la llegada de indocumentados, ha decidido poner fin a este programa.
El Programa de Orientación Legal está gestionado por la organización sin ánimo de lucro Vera Institute of Justice. El año pasado prestó asistencia a 53.000 inmigrantes en más de una docena de estados, incluidos California y Texas, según informa el diario The Washington Post, que ha adelantado esta noticia.
La Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración, que administra la cortes de inmigración (y depende del Departamento de Justicia), va a analizar “la eficacia” de este programa, financiado por el Congreso. Esta “revisión” también afectará al programa de ayuda a inmigrantes en las cortes de Miami, Chicago, Nueva York, Los Ángeles y San Antonio.
El Vera Institute of Justice, que gestiona el programa junto a una red de otras 18 organizaciones sin ánimo de lucro, replica que el Departamento de Justicia ya analizó su eficacia en 2012 y concluyó que ahorraba casi 18 millones de dólares anuales al Gobierno federal.
“Es un intento descarado por parte de la Administración de hurtar a los inmigrantes detenidos incluso la apariencia de un proceso justo”, ha opinado Mary Meg McCarthy, directora del National Immigrant Justice Center, una de las organizaciones implicadas.
Ocho de cada 10 inmigrantes se enfrentan a la corte sin ayuda de un abogado, según Vera.
