LOS ÁNGELES – Al cumplirse hoy el plazo que el Gobierno de EEUU estableció para cancelar la Acción Diferida (DACA), los fiscales generales de California, Maine y Maryland pidieron al Congreso una acción legislativa que haga permanente este amparo migratorio que protege a unos 690,000 “soñadores”.
“Es importante que el Congreso encuentre una solución permanente para el tema de DACA y la reforma migratoria, ojalá sin tener que usar el pánico para buscar un compromiso y de una manera justa para todos”, dijo el fiscal general de California, Xavier Becerra, en una teleconferencia de prensa.
El fiscal pidió así una respuesta legislativa que no sea “sólo” buena para estos jóvenes indocumentados y, en cambio, castigue a sus padres y a los “inmigrantes que esperan una solución”.
En septiembre de 2017, el gobierno del presidente Donald Trump anunció la cancelación de DACA y estableció un plazo de seis meses, que se cumple hoy, para que el Congreso aprobara una medida que abordara este tema.
Congreso no llegó a ningún acuerdo
En este periodo, el Congreso no llegó a ningún acuerdo al respecto, debido en parte a las presiones de Trump para que la ley incluyera sus prioridades migratorias, incluidos fondos para construir su deseado muro en la frontera de México, aunque varias demandas lograron que dos jueces federales ordenaran que DACA siga vivo hasta que haya un fallo judicial.
La fiscal general de Mayne, Janet Mills, se sumó a la petición para que el Congreso saque adelante una ley que regularice la situación de unos “soñadores” que, en su opinión, son necesarios ante el envejecimiento de la población de ese estado del extremo noreste del país, por lo que necesita gente joven a la que le dan la “bienvenida”.
Al destacar que los beneficiarios de DACA “son parte del tejido de nuestra sociedad y del estado”, el fiscal general de Maryland, Brian Frosh, pidió “proteger” a estos jóvenes que han contribuido “enormemente” al país.
Mills criticó a los legisladores del Congreso federal por fracasar en el objetivo de lograr un acuerdo desde septiembre pasado.
Becerra, que representa a un estado donde vive una cuarta parte de todos los “soñadores” del país, anunció que próximamente se reunirá con el juez de California William Alsup, el primero en ordenar el mantenimiento de DACA, para verificar que “el Gobierno federal esté cumpliendo con esta orden”.
Cifras recientes del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), al menos 11,000 “soñadores” que habían perdido el amparo o estaban en riesgo de hacerlo solicitaron la renovación entre el 10 de enero, cuando se conoció el fallo de Alsup, y el 31 del mismo mes.
