La Corte Suprema de Justicia anunció este lunes que rechaza la petición del gobierno de Donald Trump para revisar de manera rápida un fallo de una corte federal que reactivó el programa DACA el pasado 9 de enero, un beneficio migratorio que ampara de la deportación a unos 700,000 dreamers.
Los magistrados, reunidos en conferencia a puerta cerrada, atendieron un recurso presentado por el Departamento de Justicia con carácter de urgencia, con el objetivo de revertir el dictamen y mantener la cancelación de DACA ordenada por el presidente. El anuncio de este lunes supone un fuerte revés para la administración de Trump y permite que el programa siga activo, tal como determinaron cortes inferiores.
#SCOTUS denies review in DACA termination challenge, without prejudice (i.e., can come back to justices). Court stresses: «It is assumed that the Court of Appeals will proceed expeditiously to decide this case.»
«La decisión de los jueces de la Corte Suprema de Justicia es un duro golpe para el gobierno del presidente Trump. Los magistrados están diciendo que no se quieren meter en política y dejan que el proceso jurídico fluya conforme el debido proceso», dijo Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración que ejerce en Phoenix, Arizona y colabora frecuentemente con la redacción de Univision Noticias.
«DACA sigue activo y creo que después del 5 de marzo también», agregó Hernández. Tendría que haber otro anuncio por parte del máximo tribunal de justicia para detenerlo y no creo que sea el caso», agregó.
También explicó que el programa se encuentra vigente a nivel nacional y restaurado «porque así lo dictaminó otra corte de Brooklyn, Nueva York. Y la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) dice en su página que DACA está restaurado como se encontraba antes del 4 de septiembre del año pasado, es decir antes de que fuera cancelado por el presidente Trump».
Consultado respecto a las reinscripciones de DACA, Hernández dijo que «los dreamers cuyos permisos de trabajo vencen dentro de 150 días o menos, deben enviar sus solicitudes de reinscripción para extender el amparo de sus deportaciones. Y quienes tienen antecedentes criminales, antes de entrar en contacto con el gobierno consulten con un experto legal para que los aconseje y eviten ser puestos en proceso de deportación».
DACA fue eliminado por el gobierno de Trump el 5 de septiembre del año pasado tras poco más de cinco años de vigencia. El programa ha beneficiado a unos 800,000 jóvenes indocumentados que llegaron al país antes de cumplir los 16 años y se les conoce como dreamers.
Unos 100,000 han abandonado el programa ya sea porque ajustaron sus estatus por otra vía legal posible, renunciaron al beneficio o perdieron la protección porque fueron descalificados, de acuerdo con datos de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS), agencia federal que administra el plan.
Lucha en las cortes
El fallo de la corte de California señaló que la cancelación de DACA fue una decisión «arbitraria, caprichosa y un abuso de discreción».
La decisión de los magistrados de la Corte Suprema se conoce después del rechazo del Senado a legalizar a los dreamers de manera permanente en medio de dos tendencias.
Una respaldada por Trump –rechazada por 60 votos, 14 de ellos republicanos- que incluye un camino a la ciudadanía para 1.8 millones de soñadores a cambio de $25,000 millones para seguridad la seguridad fronteriza, que incluye la construcción del muro en la frontera con México, aumento de redadas, deportaciones expeditas, fin de la lotería de visas y reduce la inmigración legal.
Otra bipartidista –que contó con 54 votos a favor- que contempla fondos regulados para el muro, pero incluye opciones para la legalización de un mayor número de indocumentados, favorece la reunificación familiar y rechaza cambios radicales a la política de asilo, entre otras medidas más favorables a la inmigración.
Tras el fracaso, la Casa Blanca anunció el sábado que el mandatario insistirá ahora en la Cámara de Representantes para que apruebe la iniciativa del legislador Bob Goodlatte (republicano por Virginia), basada en los pilares de la reforma migratoria de Trump.
La decisión dejó fuera a los dreamers que nunca antes habían solicitado el amparo de sus deportaciones.
La pasada semana un segundo tribunal, de Nueva York, emitió un fallo similar con la excepción que dreamers que nunca antes han presentados solicitud de inscripción puedan hacerla, pero deja a discreción del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) las acepten y procesen.
La estrategia del gobierno de Trump
El Departamento de Justicia, simultáneamente con el recurso presentado ante la Corte Suprema, apeló el fallo de Alsup ante la Corte de Apelaciones del 9º Circuito. La estrategia de acudir de inmediato al Tribunal Supremo antes de que falle la primera instancia es un paso poco frecuente, dijeron abogados consultados por Univision Noticias.
Tras la reactivación de DACA, Trump escribió a través de su cuenta en la red social Twitter que “simplemente muestra a todos cuán desmoralizado e injusto es nuestro sistema judicial”.
Luego de cancelar DACA, el presidente fijó un plazo al Congreso hasta el 5 de marzo para aprobar una ley que regularice permanentemente el estatus de los dreamers. Poco después, condicionó la firma de una ley a un marco de principios que incluye un camino a la ciudadanía para 1.8 millones de dreamers, $25,000 millones para aumentar la seguridad fronteriza, reducir la inmigración legal, cancelar la lotería de visas, eliminar la inmigración indocumentada, acelerar las deportaciones y construir el muro en la frontera con México.
El jueves de la semana pasada el Senado fracasó en el intento por aprobar una enmienda que incluía varias de las exigencias de Trump luego que la Casa Blanca había advertido que el presidente no firmará ningún proyecto de ley que no incluya el plan migratorio del mandatario.
El fallo del juez Alsup que repuso la vigencia de DACA tiene vigencia temporal mientras el tribunal de San Francisco revisa demandas presentadas, entre otros, por la Universidad de California, la ciudad de San José y el condado de Santa Clara, en California, y los estados de Maine, Minnesota y Maryland.
EL segundo fallo emitido esta semana en Brooklyn responde a una demanda entablada los estados de Nueva York, Massachusetts, Washington, Connecticut, Delaware, Hawai, Illinois, Iowa, Nuevo México, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y el distrito de Columbia.
