Por: Margarita Vidal/
Charlotte, NC.- El pasado 5 de septiembre marcó un inicio de incertidumbre para miles de jóvenes de nuestra comunidad y a lo largo de toda la nación estadounidense que ahora están a la expectativa de lo que parece ser un futuro desconcertante. La decisión del gobierno de Donald Trump de eliminar el Programa de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), obligaría a que cerca de 800 mil jóvenes, de estos más de 600 mil mexicanos, tengan que regresar a su país de origen. La mayoría de ellos llegaron a los Estados Unidos siendo muy chicos, y para ellos no existe otra casa que la que hoy habitan. Tal es el caso de Marilyn Mejía, mexicana de 19 años, que llegó a Carolina del Norte con apenas 5 años. Para ella, este es un momento definitivo, pues su permiso de trabajo se vence a finales del próximo año. “No tenemos claro si por esta causa ya no tendremos más trabajo, después de tanto esfuerzo y dedicación por salir adelante, ahora nos quieren sumergir en el abismo de la deportación”, dice con pesar. El especialista en temas migratorios, Félix Taveras, explica que las personas que no han aplicado ya no podrán hacerlo, mientras que van a seguir siendo procesadas las aplicaciones de los que ya lo hicieron. En el caso de los beneficiarios actuales, a quienes se les expire el permiso de trabajo antes del 5 de marzo de 2018, lo podrán renovar, pero tienen solo hasta el 5 de octubre para presentar la solicitud”, explica.
La lucha apenas empieza
Son muchas las interrogantes y dudas para los afectados por la reciente medida, pero en medio de tanta confusión si tienen algo claro: se mantendrán en pié de lucha. “No nos vamos a ir a ningún lado. Aquí nos quedaremos. Sobrevivimos antes de DACA, ahora también lo haremos, vamos a luchar por nuestros derechos”, exclamó con fuerza Evelyn Menéndez, una activista comunitaria de 22 años que dirige un grupo de protesta. “Tenemos que presionar al congreso para que entiendan que eliminar el DACA no sólo nos hará daño a nosotros, sino también a los Estados Unidos, necesitamos algo concreto”, dijo. En esos términos coincidió la representante comunitaria de Charlotte, Orquídea Ortega, quien insistió en enfocar la lucha en ese sentido y lamentó que hasta ahora no exista una legislación que solucione permanentemente el estatus migratorio de los beneficiarios de DACA. “Es el momento de alertar al Congreso para que tome una decisión inteligente y voten por una ley que ofrezca protección de manera definitiva a todos estos jóvenes, que han hecho un aporte significativo a nuestro país”, dijo.
Repercusión social y económica
La creación del DACA el 15 de junio 2012 durante la administración del presidente Barack Obama permitió que cientos de miles de jóvenes que estaban en la penumbra salieran a la luz. El beneficio migratorio se le concedió a todo aquel que, además de tener ciertos requisitos, había cumplido los 15 años, momento en el que podía aplicar para un permiso de trabajo. Otros requerimientos eran tener menos de 31 años, estar viviendo en los Estados Unidos desde antes del 2007, y mantener una buena conducta. La nueva política creó una atmósfera y niveles de progreso entre estos jóvenes por estos cinco años, hasta la reciente decisión del actual gobierno de eliminar el programa este 5 de septiembre de 2017. Según estudios sociales llevados a cabo, el DACA constituyó un impacto positivo, no sólo para los beneficiarios, sino también para el país, que aprovechó sus contribuciones. “Definitivamente que la eliminación del DACA implicará un costo sociocultural y económico para nuestro país, la mayoría de estos jóvenes mejoraron notablemente su nivel educativo y laboral, en comparación con otros sectores menos afortunados.
El DACA era una garantía de progreso y eso lo vamos a perder sino se adopta una medida consciente que resuelva el problema”, sostuvo la representante comunitaria, Banu Valladares, directora ejecutiva de la escuela bilingüe de la ciudad de Charlotte. Se estima que las pérdidas por la eliminación del DACA podrían ser de unos 260 billones de dólares durante los próximos 10 años. En medio de todo el torbellino de sentimientos encontrados entre los miembros de la comunidad por esta medida, parece haber una luz al final del camino. La decisión de prorrogar la implementación por seis meses abre un debate en el Congreso sobre si pueden encontrar una solución permanente para este grupo.
