El presente migratorio está siendo cada día más infructuoso, porque no guarda relación con el pasado inmigratorio que dio causa a la inmensa población de habla hispana/latina en territorio estadounidense; históricamente, desde el descubrimiento de América por más de 525 años.
La actualidad, entrelazan palabras de época, tiempo y era, para señalar y apuntar hechos históricos de la gran comunidad de habla hispana/ latina en esta gran nación, a la que aportamos diariamente con nuestra inmensa cultura, fruto de nuestras raíces multiplicadoras, que han logrado integrarse al concepto de valores humanos por los que se fundó esta nación de libertad y democracia; y en ellos está nuestra familia inmigrante que llegó de distintos rincones de Latinoamérica y El Caribe, para pernoctar en este suelo estadounidense, no como un último recurso sino también como auténticos americanos, que nos distancian pocas horas de nuestros países de origen pero siempre unidos en su geografía e historia iberoamericana, respetando siempre el derecho internacional de cada nación como una soberanía de política interna individual de cada Estado de América.
Un caudaloso río de inmigrantes de habla hispana, ha sostenido una incansable lucha por conservar sus derechos civiles que rige la Constitución de los EE.UU.; sin embargo, esos derechos siguen violándose con leyes de represión y no de control ciudadano. La despreciable ley de Inmigración, que como instrumento tiene el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, es obsoleta y fracasada, porque no se ajusta al parámetro social y humano de su desarrollo actual en las familias. Esta ley antiinmigrante viola todo derecho constitucional, así lo expresa la Enmienda IV de la Constitución de los Estados Unidos, que dice: “No se violará el derecho del pueblo a la seguridad de esas personas, hogares, documentos y pertenencias, contra registro y allanamientos irrazonables, y no se expedirá ningún mandamiento, sino a virtud de causa probable, apoyado por juramento o promesa, y que describa en detalle el lugar que ha de ser allanado y las personas o cosas que han de ser detenidas o incautadas”.
Así mismo, la Enmienda XIV, expresa textualmente, así: “ Toda persona nacida o naturalizada en los Estados Unidos y sujeta a su jurisdicción, será ciudadana de los Estados Unidos y del estado en que resida, ningún estado aprobará o hará cumplir ninguna ley que restrinja los privilegios o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; ni ningún estado privará a persona alguna de su vida, de su libertad o de su propiedad, sin el debido procedimiento de ley, ni negará a nadie, dentro de su jurisdicción, la igual protección de las leyes”. Hasta aquí las dos Enmiendas Constitucionales.
Esas dos Enmiendas Constitucionales, no pueden ir a equivocaciones de gobierno alguno o sus secretarías de Estado, porque son muy claras en cuanto al derecho de los ciudadanos nacidos en los Estados Unidos; es decir, de ciudadanos que nacieron en territorio estadounidense, y en este caso, los hijos de padres indocumentados que migraron de cualquier país del mundo, pero que al tener hijos nacidos aquí, ninguna ley restringirá sus privilegios o sus inmunidades como ciudadanos estadounidenses; ni mucho menos violarles sus derechos en sus hogares (entiéndase, que el hogar es la familia compuesta por padres e hijos). Por lo tanto, los padres indocumentados con hijos ciudadanos americanos no tienen que ser deportados, ya que nadie está por encima de la ley, y en este caso ni el presidente de los Estados Unidos de América o el Departamento de Justicia que regula al Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE), tienen capacidad legal para separar familias ni negarles a sus hijos sus derechos constitucionales que los amparan esas dos Enmiendas que tiene la Constitución de la Unión Americana.
