Los Angeles.- La ola de arrestos de inmigrantes indocumentados en sus propias viviendas obligó a los legisladores en Sacramento a presentar varios proyectos de ley para ofrecerles protecciones y seguridad en su hogar.
La medida AB 291 prohibiría a los dueños de casas o departamentos de renta mostrar a las autoridades de migración, información relacionada con el estatus migratorio de sus inquilinos.
También prohibiría a los propietarios amenazar a sus inquilinos con reportarlos a las autoridades de migración para obligarlos a desocupar el inmueble o por involucrarse en actividades legales de defensa relacionadas con la vivienda que ocupan.
El asambleísta demócrata de San Francisco, David Chiu, presentó el Acta de Protección de los Inquilinos Inmigrantes de 2017 para protegerlos de intimidación y represalias en sus hogares.
“Los inquilinos no deben vivir con miedo solo porque son inmigrantes o refugiados. Trump ha declarado la guerra a los inmigrantes, y es claro que separar familias a través de deportaciones masivas puede ser nuestra nueva realidad”, dijo.
Este proyecto de ley, agregó, impedirá que una pequeña minoría de caseros sin escrúpulos tomen ventaja del estatus migratorio de sus inquilinos.
La medida AB 291, que ya fue aprobada en el Comité de Privacidad y Protección del Consumidor, es copatrocinada por el Western Center o Law & Poverty.
“Aún bajo condiciones ordinarias, los arrendatarios que son inmigrantes no deberían temer ser reportados a las autoridades de migración por sus caseros”, dijo Jith Meganathan, defensora de políticas del Western Center on Law & Poverty.
Lo que sucede, explicó, es que los propietarios de vivienda de renta están en posesión de información sensible acerca de los inquilinos. Ellos poseen los números de seguro social, saben el idioma que hablan, cuánto ganan, el número de personas que viven en la casa y cuándo llegan.
Bajo amenaza
El proyecto de Chu busca que los arrendadores no hagan mal uso de esta información, y al mismo tiempo quitarles opciones que pueden ser usadas por la administración Trump para deportar a los inmigrantes.
La medida surgió a partir de que el asambleísta Chu, como presidente del Comité de Vivienda de la Asamblea, a menudo recibe quejas de todo el estado que describen incidentes en los cuales los caseros amenazan a sus inquilinos con reportarlos a migración a menos que desalojen de inmediato.
En muchos casos, los amenazan cuando reportan problemas en la vivienda como plagas o cables eléctricos expuestos que por ley los dueños deben arreglar.
Estas intimidaciones contra los arrendatarios que son inmigrantes indocumentados han aumentado con el proceso conocido en inglés como gentrification a través del cual los dueños echan a los inquilinos que han vivido por mucho tiempo en una propiedad con rentas bajas para poder rentar a otros con alquileres más elevados.
Joseph Villela, cabildero de la Coalición por los Derechos de los Inmigrantes (CHIRLA), dijo que la AB 291 asegura que los inmigrantes indocumentados no tengan miedo en sus viviendas. “Surge a partir de que algunos dueños han dado información a migración sobre el estatus de los inquilinos y hasta los amenazan con reportarlos cuando se quejan de algún problema en su casa o departamento”, explica.
En ciudades como Los Ángeles, donde el costo de la vivienda es muy alto y hay tantos problemas de desamparo con gente que termina viviendo en la calle porque no puede pagar un techo, está medida es muy oportuna, expuso el cabildero.
En 2012, el gobernador Jerry Brown hizo ley una medida del entonces asambleísta Charles Calderón que prohíbe que los caseros pidan probar su estatus migratorio a quienes solicitan en alquiler una vivienda.
Dicha ley prohíbe además a ciudades y condados exigir a los caseros que pidan a sus inquilinos o potenciales arrendatarios documentos que demuestren su estatus o ciudadanía.
Más protección con la AB 299
Este año, el líder de la mayoría demócrata en la Asamblea, el asambleísta Ian Calderón presentó la medida AB299, la cual amplía dicha ley existente.
La AB 299 prohibiría a cualquier entidad pública presionar a los dueños y administradores de propiedades en renta para que obtengan información sobre el estatus de ciudadanía y migración de un inquilino o un prospecto de inquilino.
“Esta medida es necesaria para asegurar que los dueños de departamentos de renta no sean forzados por los gobiernos locales a convertirse en agentes de migración”, dijo Calderón.
“Quienes buscan vivienda no deben enfrentar discriminación a causa de su estatus migratorio, ni vivir con miedo constante de que puedan ser reportados a las autoridades”, dijo.
La propuesta de Calderón amplía la prohibición existente en el estado, applicable hasta ahora solo a ciudades y condados, y la extiende a oficinas estatales, sistemas universitarios y cualquier autoridad pública.
La medida ya fue aprobada en la Asamblea y se encuentra ahora bajo revisión en un comité del Senado.
La propuesta de ley es apoyada por la Asociación de Apartamentos de Los Ángeles, el condado de Orange y las ciudades del sur, así como la Federación de Maestros y la Asociación de Departamentos de California.
Hay quienes aseguran que la medida de Calderón es un distractor de la medida de David Chu que realmente sí protege a los inmigrantes indocumentados de caseros abusivos.
