Todo quedó consumado en los últimos escrutinios de abril 2, 2017, cuando, al final de un recuento de votos solicitado por el candidato oficialista de Alianza País y de la oposición de alianza CREO-SUMA, al Consejo Nacional Electoral (CNE), lo proclamó como presidente electo al Lcdo. Lenín Moreno, quien deberá asumir el cargo el 24 de mayo de 2017.
Al margen de que su gobierno sea o no legítimo, ante las inconsistencias dentro del proceso electoral ecuatoriano, como aquellas de favorecer al entonces candidato del oficialismo, que tuvo a su favor una maquinaria publicitaria a través de los medios de comunicación incautados de propiedad del Estado (del pueblo); la inauguración de obras públicas del Ejecutivo durante la campaña electoral, así como también la “recomendación” para que voten por el continuismo, hacia la administración pública de empleados, funcionarios y a la mayoría de quienes mantenían contratos con el gobierno, puso en total desventaja del otro candidato, que por más que diariamente denunciaba esta violación constitucional y específicamente lo que prescribe el Código de la Democracia los resultados no podían tener una transparencia electoral; máxime cuando el mismo presidente del CNE sostenía públicamente una lealtad al presidente de la República, siendo su compadre espiritual, dejó empañado el sistema electoral ecuatoriano, a pesar de la presencia de observadores internacionales, que no hicieron otra cosa que “observarlo”, pero no al diseño mayor sofisticado del software que era el cerebro inhalador de la votación y que presuntivamente su carga motivó el “apagón cibernético”, dejando dudas en la mayoría de los ciudadanos (as), cuando al candidato oficialista le entregan una presidencia gubernamental como una lotería al estilo del “pozo» millonario.
Sin embargo, el nuevo mandatario, a pesar del 48.85% de los ecuatorianos que no lo reconoce como su legítimo presidente, tiene una enorme responsabilidad con el país, especialmente, la deuda pública que oscila una cifra mayor a los 25,680 millones de dólares, como saldo de la deuda externa a diciembre de 2016, mientras que durante el periodo 2007 a 2016 se incrementó en un 142 por ciento, equivalente a 15 mil millones de dólares, cuya deuda del Producto de Interno Bruto (PIB) subió drásticamente.
El nuevo presidente del Ecuador, tiene que estar consciente que el sector público no tiene dinero y el sector privado tiene miedo de invertir ante un modelo de obras que está quebrado. Hay que reducir el riesgo país, para conseguir financiamiento exterior. La sociedad ecuatoriana está dividida, por esa circunstancia, necesita un manejo político bipartidista, para que equilibre el poder de su partido político, que procure un entendimiento con la oposición que tiene peso nacional con una mayoría en la derecha unida en la campaña electoral, con casi nueve partidos y agrupaciones políticas.
El desafío del nuevo presidente del Ecuador, sea o no legítimo, tiene que, entre otros retos, crear fuentes de empleos para millones de ecuatorianos que están sin trabajos. Una de sus prioridades será la de unir esa división social, para lo cual debe desprenderse del modelo político correísta, creando confianza y credibilidad en la población que no votó por él. Es una tarea muy difícil pero no imposible si invoca su característica humanista por la que lo llevó básicamente a su apretada acreditación del CNE como presidente electo del Ecuador.
El proceso electoral debió realizarse con una votación gradual; es decir, que conforme iban ingresando las actas de escrutinios, se conocían gradualmente los resultados de los candidatos presidenciales, y de esta manera se informaba la ciudadanía quién estaba ocupando el primer lugar; pero de un golpe y plumazo ante el “apagón cibernético”, aparece el ganador del oficialismo, que jamás estuvo adelante de ninguna de las encuestadoras, a decir de la de Participación Ciudadana o Cedatos, como ejemplo.
La promesa de construir 325 mil viviendas y 135 mil puestos de trabajo, más los 150 dólares del Bono de Solidaridad Humana, no tienen todas soluciones eternas, porque en cuanto a las viviendas, depende de la voluntad de Dios su duración y no “Toda Una Vida”. En cuanto al Bono de Solidaridad Humana, también depende de una política de gobierno y no del Estado. Lo de los 135 mil puestos de trabajos que demandaría la construcción de las viviendas, estos durarían un tiempo no más de lo que duren sus construcciones, después, todos quedan sin trabajos y la tasa de desempleo subiría, sin que el gobierno no la pueda detener, a menos que se prepare para crear verdaderas fuentes de trabajos, que esa sí asegura ayudar al sector privado mediante la inversión nacional o internacional, si se abren mercados con garantía jurídica.
