Windham. – Ivonne Bárcenas pasó su infancia en la ciudad donde se encuentra la Universidad de Georgia y soñaba con estudiar allí, hasta que descubrió que los inmigrantes sin residencia legal permanente no pueden asistir a las principales universidades públicas del estado.
Pero Bárcenas, cuya familia vino a Estados Unidos de México cuando ella tenía tres años, podrá cursar estudios en una universidad pública de Connecticut, un estado con políticas educativas mucho más tolerantes hacia los inmigrantes sin permiso de residencia. Asistirá a la Eastern Connecticut State University gracias a un programa de becas pensado para gente como ella de los 16 estados donde no pueden ir a las mejores universidades estatales o no pueden pagar matrículas de residente, que son más bajas.
Bárcenas, de 18 años, se graduó con honores el mes pasado en una ceremonia llevada a cabo en la Universidad de Georgia. Fue admitida en una universidad privada, pero dice que no tiene dinero para ir allí.
«Perdí muchas oportunidades por mi status» inmigratorio, declaró entre lágrimas durante una entrevista a fines de junio. «Tomé mayormente clases AP en la secundaria, porque pensé que eran lo más cerca que podía estar de una experiencia universitaria», agregó, aludiendo a un programa llamado Advanced Placement, que ofrece cursos de nivel universitario a estudiantes de secundaria.
Delaware State admitió a 39 estudiantes.
Son becas de cuatro años, que representan hasta 20.000 dólares por año, disponibles para los «dreamers», como se conoce a jóvenes amparados por una política federal del 2012 llamada Deferred Action for Childhood Arrivals, o DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia). Esa política permite que ciertos individuos que entraron al país antes del 2007, sin haber cumplido los 16 años, reciban permisos de trabajo renovables de dos años y un número del Seguro Social, que los habilita para trabajar.
La ley y el programa de becas han sido criticados por quienes piden leyes de inmigración más estrictas.
Elise Marciano, presidenta de Citizens for Immigration Law Enforcement, con sede en Danbury, dijo que a los estudiantes que están en el país ilegalmente «no les corresponde» asistir a escuelas financiadas con dinero de los contribuyentes.
«Un estudiante en esta situación toma el lugar de un estudiante estadounidense», sostuvo. «Nosotros los contribuyentes no queremos educar a gente de otros países. No deben estar aquí y no tenemos por qué costear su educación».
Mark E. Ojakian, presidente de Connecticut State Colleges and Universities, dijo que ningún estudiante fue desplazado de Eastern por becarios y que en la educación de estos últimos no se emplea dinero de los contribuyentes.
«Esto no priva de nada a los estudiantes o los residentes de Connecticut», aseguró. «Es una organización independiente que decidió que Connecticut ofrecía un buen ambiente para este programa piloto».
Indicó que la universidad le ofrecerá a estos estudiantes algunos servicios especiales, como enlaces para ayudarlos a manejar el programa. Agregó que se asegurarán de que los estudiantes, la mayoría de los cuales son gente de familias humildes del sur del país, tienen abrigos, gorras y botas para hacer frente al frío invierno de Connecticut.
Bárcenas tiene tres hermanas. Su padre opera un montacargas y su madre está enferma y no puede trabajar, según dijo la muchacha. Su objetivo es volver a su ciudad y ejercer de enfermera.
«Solo quiero ayudar a mi familia», manifestó. «Con un título universitario podré hacerlo».
