Washington.– Este jueves 23 de junio la Corte Suprema podría dar a conocer un dictamen que, de ser favorable, le permitirá al presidente Barack Obama activar dos programas que amparan de la deportación a 5 millones de indocumentados. O bien darle la razón a los argumentos de 26 estados (24 de ellos gobernados por republicanos) que el 3 de diciembre de 2014 demandaron la Acción Ejecutiva migratoria que incluye, entre otros beneficios, DAPA y DACA.
“Esperamos que el Tribunal Supremo no caiga en el juego en el que nos han traído los políticos de este país por varios años”, dijo a Univision Noticias Maru Mora Villapando, directora de comunicaciones de Latino Advocacy en Seattle, Washington. “De esa manera podremos seguir adelante con la implementación de dichos programas y seguir la lucha para terminar con la criminilización de la comunidad sin papeles”.
El 9 de enero el máximo tribunal de justicia anunció la revisión de la Acción Ejecutiva en respuesta a un recurso interpuesto en noviembre por el Departamento de Justicia (DOJ, por su sigla en inglés). El gobierno elevó la petición tras un fallo adverso de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito de Nueva Orleans, Louisiana, instancia que ratificó el dictamen del 16 de febrero de 2015 pronunciado por una corte de Texas que frenó temporalmente la entada en vigor de ambios programas.
Los programas en juego
Los dos beneficios suspendidos por el Tribunal de Texas, son:
DAPA: ampara de la deportación a padres indocumentados de ciudadanos y residentes legales permanentes; y,
DACA Ampliado: extiende la cobertura de la Acción Diferida de 2012 para los dreamers.
Para calificar, los beneficiarios de ambos programas deben demostrar:
Que están en Estados Unidos desde antes del 1 de enero de 2010;
Que carecen de antecedentes criminales (no están incluidos en la lista de deportaciones del Departamento de Seguridad Nacional fechada el 20 de noviembre de 2014);
Que pagan impuestos.
Ambos grupos, además, podrán gestionar una autorización temporal de empleo renovable cada tres años.
No pierden la esperanza
“Esperamos que la Corte Suprema falle a nuestro favor y que reafirmen lo que hemos dicho siempre, que DAPA y DACA Ampliado son programas legales, constitucionales y en consonancia con décadas de acciones tomadas por presidentes tanto demócratas como republicanos”, dijo a Univision Noticias Kicas Matos, directora ejecutiva del Movimiento por una Reforma Migratoria Justa (FIRM, por su sigla en inglés).
“Nosotros le recomendamos a nuestra comunidad que estén muy pendientes del fallo”, agregó. “Y que una vez pronunciado el dictamen a nuestro favor, exijamos a la Administración Obama que avance en la implementación de ambos programas sin más demoras”.
La activista dijo además que “nuestras familias han esperado demasiado tiempo y están ansiosas de poder convertir esta posible victoria, tan luchada y anhelada, en una realidad para sus familias”.
La comunidad inmigrante teme que un fallo adverso endurezca la política de deportaciones de Obama. El pasado 9 de junio Univision Noticias reportó que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) deportó en los primeros ocho meses del año fiscal 2016 (del 1 de octubre al 31 de mayo) a 155,125 inmigrantes indocumentados, de los cuales 64,100 (41.3%) no tenía antecedentes criminales.
En lo que va de las dos administraciones de Obama ICE ha deportado a más de 2.5 millones de indocumentados. Entre 2009 y 2012 la agencia batió cuatro récords sucesivos con un promedio anual de 400,000.
Preparados para todo
A pesar de los buenos presagios, el futuro de la Acción Ejecutiva migratoria de Obama es incierto. “Estamos preparados para cualquier eventualidad”, dice a Univision Noticias Jorge-Mario Cabrera, director de comunicaciones de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes de Los Angeles (CHIRLA, por su sigla en inglés). “Pero una decisión favorable es la que más beneficios traerá la comunidad inmigrante y también a Estados Unidos”.
Mientras llega la hora del dictamen, Cabrera recomienda “paciencia y juicio”, y advierte a los indocumentados “que se cuiden, no vayan a caer víctimas de farsantes que buscan su dinero y no su bienestar”.
Las estafas a inmigrantes han crecido a niveles de «epidemia», dice la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS, por su sigla en inglés). La agencia tiene activa desde hace cuatro años una campaña para prevenir el fraude.
“Cuando la Corte Suprema falle, cualquiera que sea la decisión, la comunidad tendrá suficiente tiempo para enterarse”, apuntó Cabrera. “Si la decisión es positiva informaremos a la comunidad acerca de cómo empezar los preparativos y presentar una solicitud. Y si la decisión es negativa, nos queda mucho camino que recorrer para intentar cambiar corazones y mentes en un nuevo Congreso y con un nuevo Presidente. Solo nos restará presionar y presionar para que aprueben la reforma migratoria”.
Silencio en la Casa Blanca
Univision Noticias ha preguntado en varias ocasiones a la Casa Blanca qué espera del fallo de la Corte Suprema sobre la Acción Ejecutiva migratoria del presidente Obama. En todas ellas ha dicho que “no hay comentarios hasta después de conocer el dictamen».
La Administración sostiene que el Presidente actuó dentro de sus facultades ejecutivas al ordenar la suspensión temporal de indocumentados que llevan tiempo en el país y no tienen antecedentes criminales.
El mismo día que Obama anunció los beneficios (20 de noviembre de 2014) el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) publicó la lista de prioridades de deportación:
Prioridad 1: Quienes sean considerados una amenaza a la seguridad nacional, de la frontera o pública (terroristas, personas involucradas en espionaje, criminales, pandilleros, entre otros);
Prioridad 2: Personas con historial extenso de violaciones de inmigración, quienes hayan cruzado la frontera recientemente (después del 1 de enero de 2014);
Prioridad 3: Personas con DUI, cargos por violencia doméstica, explotación sexual, robo y cualquier delito que tenga más de 90 días como penalidad de cárcel;
Prioridad 4: Inmigrantes con una orden final de deportación en o después del 1 de enero de 2014.
Postura republicana
El Comité Nacional Republicano (RNC, por su sigla en inglés), al igual que la Casa Blanca, optó por no hacer comentarios previos al dictamen del Tribunal Supremo. Sin embargo, la oficina de prensa del Senador Marco Rubio (Florida) respondió a preguntas de Univision Noticias sobre el tema y citó la carta que firmó en abril junto con otros 42 senadores y enviaron a la Corte Suprema en apoyo a la demanda de los 26 estados (Amicus Curiare).
En el documento, los senadores indicaron que las órdenes ejecutivas de Obama “contravienen la letra y el espíritu de las leyes de inmigración, y amenazan la separación de poderes que emana de la Constitución».
«El presidente no sólo renuncia de forma desvergonzada a seguir la ley en un ejercicio sin precedentes y extraordinario de abuso de poder, sino que también ataca nuestro orden constitucional», apuntó el líder republicano del Senado, Mitchel McConnell, uno de los firmantes del documento junto a Rubio. El senador por Kentucky puntualizó que el Senado «tiene la obligación de asegurar que el presidente cumple fielmente las leyes que el Congreso dicta».
Un mes antes, el 17 de marzo, la Cámara de Representantes, también controlada por los republicanos, aprobó con 234 votos a favor y 186 en contra un documento similar al del Senado. Los demócratas respondieron que ambas cartas no representaban la opinión del Congreso sino solo la postura republicana en ambas cámaras.
La guerra de posturas estalló a principios de marzo cuando el Presidente del Congreso Paul Ryan (republicano por Wisconsin) amenazó con un proyecto de ley para anular la Acción Ejecutiva y los demócratas respondieron con un documento de Amigos de la Corte (Amicus Curiare) que enviaron a la Corte Suprema para sumarse a la defensa de los programas ejecutivos de Obama.
Punto clave
¿Están en juego simultáneamente los programas DAPA y DACA y el poder ejecutivo del presidente?, se preguntan algunos. El abogado Stephen Yale-Loehr, profesor de la escuela de leyes de la Universidad Cornell de Nueva York, señala que la disputa se resolverá sobre la base de si Texas tiene o no argumento (standing) para demandar al gobierno federal. “El tribunal supremo podría decidir este caso simplemente por el motivo de que Texas no tiene standing”, dijo a Univision Noticias.
De ser así, “la Corte Suprema podría decidir este caso simplemente por este motivo, que Texas no tenía derecho (standing) para demandar», agregó Yale-Loehr. «Eso significa que el gobierno puede entonces poner en vigencia el programa DAPA y la ampliación de DACA, y los magistrados no tendrían entonces que revisar los méritos acerca de si el Presidente tiene o no la autoridad legal para tomar acción ejecutiva y crear DAPA sin la aprobación del Congreso”.
En enero, cuando el Tribunal Supremo anunció que revisaría la Acción Ejecutiva, dejó en claro que iba a responder a cuatro preguntas legales clave, tres de ellas ya planteadas en la Corte Texas: si los estados tienen derecho a demandar la Acción Ejecutiva, si la Acción Ejecutiva es una medida caprichosa y arbitraria, y si el Ejecutivo debió haber consultado a los estados y tomar en cuenta sus opiniones y si alguna ley impide a Obama tomar Acción Ejecutiva como la anunciada el 20 de noviembre del 2014.
Mientras se publica el fallo “aguardamos optimistas porque creemos que tenemos la ley y la historia a nuestro favor”, dijo a Univision Noticias Gustavo Torres, director ejecutivo de CASA de Maryland. “Estaremos frente a la Corte Suprema en Washington DC cuando se conozca el dictamen.
No solo los inmigrantes esperan buenas noticias. «Los miembros de Sindicato Internacional de Empleados y Servicios (SEIU, por su sigla en inglés) apoyan a los miles de latinos, haitianos, musulmanes, asiáticos y otros miembros inmigrantes en todo el país mientras aguardamos ansiosamente por un anuncio del tribunal”, dijo a Univision Noticias Monica Russo, presidenta del Capítulo de Florida de la organización. “Esperamos que los magistrados elijan proteger nuestra economía y a más de 5 millones de familias”.
Russo precisó que “sólo en Florida DAPA y la expansión de DACA aumentarán el ingreso de todos los residentes en $6,300 millones de dólares en tan solo 10 años. No hay lugar a dudas de que nos beneficia a todos. Aun así, sin importar el resultado, estamos decididos a movilizar a nuestros miembros y a la comunidad a las urnas en noviembre para elegir a políticos que apoyen una reforma migratoria con camino a la ciudadanía», concluyó.
