Los Angeles.- Parecía otra desobediencia civil frente el Edificio Federal del centro de Los Ángeles, pero en esa acción que se realizó en marzo pasado 11 abogados decidieron colocarse frente al acceso de los autobuses que trasladan a inmigrantes detenidos y su arresto derivó en cargos federales en su contra.
Este miércoles, dichas acusaciones seguían en vigor en una corte federal, lo cual podría afectar el desempeño profesional de los litigantes, entre los que se encuentran Gilbert Saucedo, Cynthia Anderson-Barker, Betty Hung, Cinthia Flores, Elizabeth Alamillo y el profesor Víctor Narro.
“Puede perjudicar la manera como ejercen su profesión”, indicó el abogado Alex Gálvez, explicando que si un juez impone una multa y libertad condicional por dicha razón, este precedente se tendría que notificar a la Barra de Abogados de California para que ésta determine si pueden ejercer la abogacía.
Son comunes las desobediencias civiles en los alrededores del Edificio Federal, como en las calles Los Ángeles y Alameda; sin embargo, según la Fiscalía federal, la acción de los abogados se enfocó en interrumpir las actividades de los funcionarios federales en dichas instalaciones.
“Es un desperdicio de recursos judiciales enjuiciar a 11 abogados que solo pedían al presidente [Barack] Obama que deje de deportar a los niños migrantes”, dijo la abogada Anderson-Barker, uno de los 11 arrestados aquella mañana del 21 de marzo.
Los argumentos en su defensa son que ejercieron su derecho de protestar de manera pacífica, que se colocaron en una propiedad estatal y que no afectaron el trabajo de ninguna agencia federal.
“No había buses saliendo en ese momento”, señaló Anderson-Barker, quien indicó que presentarán mociones tratando de que dichas acusaciones federales sean retiradas.
La Oficina en Los Ángeles de la Procuraduría Federal no comentó sobre este caso antes de este avance informativo.
Este miércoles, mientras los litigantes acudían a una audiencia en el tribunal federal (dentro del complejo donde protestaron en marzo), activistas pidieron que se retiraran los cargos, alegando que su intención era desacreditar las violaciones al debido proceso de la comunidad inmigrante.
Esto porque supuestamente los refugiados centroamericanos que enfrentan procesos de deportación no están recibiendo protecciones legales y son retornados a la violencia de la que huyeron.
“Hicieron un acto de desobediencia civil llamando la atención y traer justicia ante políticas migratorias injustas”, expresó el reverendo Francisco García, en una conferencia de prensa que se realizó frente a la corte federal del centro de Los Ángeles.
En el evento se recordó el caso de Erick Castro, quien tres meses después de que una corte de Texas rechazó su caso de asilo político y lo deportó a Honduras, éste fue bajado de un taxi, golpeado y asesinado presuntamente por los pandilleros que lo amenazaron de muerte antes de emigrar.
“El gobierno de Obama es cómplice de la muerte de este muchacho”, dijo el pastor Fred Morris, a cuya iglesia acudió pidiendo ayuda la madre de Castro, fallecido el 24 de mayo.
Sosteniendo pancartas en las que se leía “Dejen de criminalizar y perseguir a nuestras familias” y “Cancelen la colaboración entre ICE [Oficina de Aduanas y Control Fronterizo] y la Policía”, los activistas pidieron que se detengan las redadas migratorias y las deportaciones.
“La mayoría de los arrestados en las redadas son personas que fueron deportadas en ausencia, no recibieron un aviso”, señaló Ángela Sambrano, dirigente del Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN). “Los están deportando sin seguir el debido proceso”, subrayó.
La siguiente audiencia de los 11 abogados arrestados será el 6 de octubre.
