Arizona.- Ashley Cervantes, una joven estad0unidense de ascendencia hispana, interpuso una demanda contra el gobierno de Estados Unidos, por el trato al que fue sometida por parte de agentes aduanales en Nogales, Arizona en 2014.
Según la joven, los agentes la esposaron y realizaron una revisión de sus cavidades corporales en busca de drogas.
Cervantes argumenta en la demanda que había cruzado la frontera hacia México a pie, a través de la frontera de Nogales, Arizona, para ir a desayunar. A su regreso, la joven presentó a los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) su certificado de nacimiento y una tarjeta de identificación estatal.
Brian Marchetti, abogado de Cervantes, dijo que su cliente, quien en aquel entonces tenia 18 años, fue acusada de posesión y contrabando de drogas.
Cuando ella negó las acusaciones, fue retenida por varias horas en una sala de detención donde la esposaron a una silla. Tiempo después fue llevada a otra habitación donde se le ordenó ponerse en cuclillas para que investigadoras pudieran inspeccionar sus partes privadas visualmente.
Marchetti dijo que esto ocurrió sin el consentimiento de la joven y sin una orden judicial. Además se le habría negado una solicitud para llamar a su madre, en una clara violación de los derechos de su cliente.
Después Cervantes fue conducida a un hospital, donde un médico llevó a cabo un examen de las cavidades del cuerpo.
“Ashley nunca antes había estado con un ginecólogo y, para el resto de su vida, siempre tendrá en cuenta que sus primeros exámenes pélvicos y rectales fueron bajo las circunstancias más inhumanas imaginables para un ciudadano de EEUU en un hospital en suelo estadunidense”, escribió Marchetti en la demanda.
Luego de la exhaustiva revisión y en vista de que no se encontraron drogas, su cliente fue dejada en libertad después de aproximadamente siete horas, dijo Marchetti
El abogado también responsabilizó al hospital al señalar que la institución carecía de directrices para asegurarse de que las búsquedas corporales solicitadas por las corporaciones de seguridad cumplan con los requisitos constitucionales.
Como si todo por que tuvo que pasar la joven no hubiera sido suficiente, el hospital envió a los padres de Cervantes una cuenta de $575 por el procedimiento.
