Austin.- Es un problema del que se quejan muchos inmigrantes detenidos: el acceso a teléfonos que funcionen dentro de los centros migratorios.
Estos aparatos son una línea de vida para que los migrantes se comuniquen con sus familiares, abogados y consulados, todos los cuales son piezas vitales en su lucha legal para permanecer en el país.
Y se espera que tras un acuerdo judicial con la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), esta línea siempre esté disponible y funcionando.
Bajo el convenio, alcanzado luego de una demanda interpuesta por la oficina de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del Norte de California, ICE acordó cambiar sus reglas en cuatro centros de detención del norte del estado, poniendo fin a severas restricciones en el uso de teléfonos.
El Acuerdo
Ahora ICE proveerá conexiones rápidas para hacer llamadas gratis, directas y sin monitoreo a abogados de inmigración o agencias gubernamentales que provean servicios legales gratuitos
- Instalará 40 teléfonos (10 por cada centro de detención) para llamadas privadas durante el día, así como cuartos telefónicos privados para llamadas legales
- Permitirá llamadas legales a familiares, amigos y otras personas para obtener testimonio, documentos y otros documentos de apoyo en casos migratorios
- Extenderá el tiempo permitido para una llamada, de 20 a 40 minutos y de 15 a 60 minutos para algunas agencias no lucrativas, consulados y oficinas federales
- Proveerá facilitadores que procesen pedidos de llamadas y aseguren un tiempo apropiado en los cuartos telefónicos
- Ofrecerá crédito telefónico y otros beneficios a aquellos que no puedan costear estas llamadas
“Cuando la gente está encerrada con cargos migratorios, merecen tener acceso a un teléfono que funcione. La Constitución y la justicia básica lo requiere”, indicó Julia Harumi Mass, abogada de la oficina del ACLU del Norte de California.
En 2013, ACLU junto a un bufete legal interpusieron una demanda en contra de ICE por alegando que el acceso inadecuado a teléfonos viola los derechos de los detenidos.
A diario, ICE tiene bajo custodia a cerca de 34,000 migrantes en 250 facilidades alrededor del país, con casi 1,000 detenidos en los cuatro centros del Norte de California cubiertos por el acuerdo, que incluyen cárceles locales en Contra Costa, Sacramento y el condado de Yuba, así como la cárcel privada Mesa Verde en Bakersfield.
En apoyo a la queja legal, el ACLU presentó el caso de I.P., un mexicano de 49 años que ha estado en EEUU desde los 5 años y fue detenido por una violación de tránsito. El pasó detenido varios meses por no poder tener acceso a ayuda legal, debido en gran parte a que los teléfonos en el centro de detención incluían instrucciones complejas y códigos para llamar que muchas veces no funcionaban. También se desconectaban cuando la llamada se iba a un mensaje automático. Como consecuencia, I.P. escribió cartas a 15 abogados e intentó hacer decenas de llamadas antes de finalmente encontrar a un abogado, indicó ACLU.
“Hacer llamadas era caro, difícil y frustrante. Cada semana veía a personas darse por vencidas y firmas sus papeles de deportación porque no podían contactar a nadie”, indicó I.P en un comunicado enviado por ACLU.
ICE tiene un año para hacer los cambios detallados en el acuerdo.
