San Antonio.- Un tribunal de Texas bloqueó esta semana una licencia de operación para el funcionamiento de un polémico centro de detención familiar para migrantes centroamericanos.
La jueza de distrito Karin Crump dictó una orden que prohíbe al estado conceder la licencia de centro de cuidados infantiles al centro familiar residencial en Dilley, Texas, que tiene capacidad para 2,400 camas.
La instalación, que opera bajo la administración de Corrections Corporation of America (CCA), es una de las dos cárceles de este tipo en San Antonio bajo contrato con el gobierno federal para mantener a niños migrantes y sus madres que llegaron indocumentados al país en busca de asilo.
El año pasado la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés), bajo cuyo mando opera la cárcel de Dilley, recibió la orden de un juez federal de California de liberar a niños y madres detenidos porque estaban violando un acuerdo judicial de 1997.
La orden también fue extendida al centro de detención de Karnes City, que también opera en San Antonio y fue abierto tras la crisis de 2014 en la frontera.
La Administración Obama apeló el dictamen alegando que la liberación de menores y sus madres enviaría un mensaje equivocado a Centroamérica, situación que podría activar una nueva crisis migratoria en la frontera.
Cambio de rubro
En febrero Univision Noticias reportó que los centros familiares Dilley yu Karnes City, que funcionan como centros de detención, habían recibido licencias para operar como centros para cuidado de menores. Los permisos permitieron a ICE esquivar la orden judicial dictada el año pasado por un tribunal de California.
En mayo, dos meses después de concedida la nueva licencia, la jueza Crump bloqueó el permiso temporal de cuidados infantiles en respuesta a un juicio entablado por organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes.
Crump dijo ahora que era necesario proteger a las mujeres y los niños detenidos, y señaló preocupación por el hecho que algunos menores comparten habitaciones con adultos desconocidos. Agregó que la medida es cautelar y se extiende hasta septiembre, cuando se celebre una audiencia donde los abogados de los demandantes y del gobierno presenten argumentos.
Activistas que condenan la detención de niños migrantes y mujeres que piden asilo afirman que el centro de detención es una prisión inapropiada para detención de familias.
Aplauden el fallo
La demanda contra el centro Dilley la encabeza el movimiento Grassroots Leadership de Austin, Texas. La organización calificó el segundo fallo de Crump como una “victoria” para los defensores de los derechos de los inmigrantes.
El director ejecutivo de Grassroots Lieadership, Bob Libal, dijo que Dilley no se trataba de un centro de detención infantil sino de una “cárcel”. Agregó que el grupo está “encantado” con la decisión de la jueza Crump por haber “escuchado nuestras preocupaciones”.
Los demandantes argumentan que la política de detenciones del gobierno ha causado daños a la salud física y mental de los detenidos, además de perjudicar la capacidad para que estas familias argumenten sus casos de asilo ante las cortes de inmigración.
Un vocero del Departamento de Servicios para la Familia y de Protección de Texas, dependencia que otorga las licencias para la operación de este tipo de centros, se negó a comentar el fallo de la jueza Crump.
La crisis del 2014
Durante la crisis de 2014 la Patrulla Fronteriza detuvo a unos 68,000 niños migrantes y un numero no conocido hasta ahora de personas mayores en un tramo de la frontera entre Texas y México cuando intentaban ingresar indocumentados al país y solicitar asilo.
La mayoría de los arrestados, según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) procedían del Triángulo Norte (Guatemala, El Salvador y Honduras).
El gobierno ha asegurado que poco más del 95% de los centroamericanos detenidos fue liberado con una citación para presentarse ante una corte de inmigración que decidirá sus futuros en Estados Unidos. El resto fue enviado a cárceles de ICE, entre ellos los centros familiares de Dilley y karnes City.
Los indocumentados mexicanos fueron deportados de manera expedita, de acuerdo a una ley de 2008.
Denuncia permanente
Abogados que defienden los derechos de los migrantes presionan al gobierno para que libere cuanto antes a mujeres y niños, y den cumplimiento al fallo emitido por la jueza de California Dolly Gee en agosto del año pasado, a pesar del amparo presentado por el DHS en octubre.
“No tenemos que esperar que una jueza nos diga que lo que está haciendo el gobierno esta equivocado”, dijo a Univision Noticias Víctor Nieblas, presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por su sigla en inglés). “Mientras esperamos que responsa al fallo, los problemas continúan en los centros y los estamos registrando”.
AILA ha denunciado que agentes de ICE “están proporcionando información incorrecta a las personas detenidas y que son puestas en libertad con fianza o con brazalete. No les están informando adecuadamente dónde se tienen que presentar, cuándo, dónde deben esperar el citatorio de la corte de inmigración y cómo tienen que hacerlo”.
“Salen en libertad y no saben que tienen un año para presentar la solicitud de asilo”, apuntó Nieblas. “Voluntarios han pedido que les den la posibilidad de hablar con ellas para decirles cómo prepararse, dónde se tienen que presentar. No les están dando ese derecho. Lo que está diciendo el secretario Jeh Johnson en Washington no vemos que se esté cumpliendo en la frontera”.
En mayo Univision Noticias reportó que entre el 18 de julio de 2014 y el 26 de abril de 2016 las cortes de inmigración emitieron casi 32,000 órdenes de deportación.
Un memorando publicado por el DHS el 20 de noviembre de 2014 estipula que los indocumentados que entraron a Estados Unidos después del 1 de enero de 2014, no tienen causa de asilo y recibieron una orden de deportación, son prioridad para ser expulsados del país.
