Washington.- Organizaciones y sindicatos movilizarán el 18 de abril más de 2,500 inmigrantes que califican para DACA y DAPA, programas que fueron frenados por los tribunales tras una demanda de 26 estados, 24 de ellos gobernados por republicanos.
De costa a costa organizaciones proinmigrantes ultiman preparativos para viajar a Washington el 18 de abril con un solo objetivo: pedirle a los jueces de la Corte Suprema de Justicia que liberen la Acción Ejecutiva del presidente Obama.
Ese día el máximo tribunal de justicia celebrará una audiencia para que los abogados del Departamento de Justicia y de los 26 estados demandantes (24 de ellos gobernados por republicanos) presenten argumentos orales.
“Estamos afinando la estrategia”, dijo a Univision Noticias Francisco Moreno, director ejecutivo del Consejo de Federaciones Mexicanas en Los Ángeles, California. “Vamos a estar presentes en la audiencia sobre DACA y DAPA, y contaremos historias verídicas de inmigrantes que califican para el beneficio”.
“Iremos unas 30 personas desde Los Angeles en autobús y nos uniremos a grupos que viajan de otros estados. Vamos a escuchar los argumentos y también a pedirle a los magistrados que escuchen nuestras voces”, agregó el activista.
El beneficio
La Acción Ejecutiva fue anunciada por el presidente Barack Obama el 20 de noviembre de 2014. Ampara de la deportación a unos 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes legales permanentes (DAPA, por su sigla en inglés) y jóvenes indocumentados conocidos como dreamers que se encuentran protegidos por la Acción Diferida de 2012c (DACA, por su sigla en inglés).
El beneficio fue demandado el 3 de diciembre por un grupo de 26 estados. El 16 de diciembre una corte de Texas dicto una medida cautelar que frenó su entrada en vigor, fallo que fue ratificado por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans los primeros días de noviembre.
El 20 de ese mes, coincidiendo con el primer aniversario del anuncio, el Departamento de Justicia le pidió a la Corte Suprema de Justicia que revise la medida adoptada por el mandatario en uso legitimo de su poder ejecutivo.
Los republicanos argumentan que Obama se extralimitó en esos poderes y que los programas DAPA y DACA violan la Constitución porque el mandatario cambió unilateralmente la ley de inmigración, algo que sólo compete al Congreso.
Miedos y esperanzas
Jerry y Elvira Pinto son uno de los 5 millones de indocumentados que califican para DAPA por ser padres de un niño estadounidense, Christian, de 11 años. Ámbar, de 22 años, está protegida por DACA desde 2012.
“Mi padre es boliviano y mi madre mexicana”, dijo la joven dreamer a Univision Noticias. “Vamos a viajar a Washington con el movimiento United We Dream a escuchar los argumentos de los abogados, y para decirle a los jueces de la Corte Suprema que atienda las razones del gobierno”.
“Le pedimos a los jueces que ese día tengan sus mentes abiertas y se den cuenta de lo correcto, y de la necesidad para nuestro país de contar con estos programas para que los liberen”, añadió.
Se espera que la Corte Suprema emita un veredicto final en el verano. “Nuestro mayor temor es que si la decisión no es favorable, nuestras familias quedarán más vulnerables a la deportación”, dijo Ámbar. “Las redadas causan miedo en millones de familias que aguardamos este beneficio. Sin DACA y DAPA no tendremos seguridad de poder permanecer en Estados Unidos, y corremos el riesgo de que nos arresten, nos procesen y nos deporten. Vivimos en la incertidumbre”.
El rally en el que participarán los Pinto “también incluye familias migrantes de Nueva York, Texas, Arizona, Nuevo México, Virginia, Maryland, Connecticut y Kansas”, dijo a Univision Noticias Cristina Jiménez, directora ejecutiva de UWD en Washington DC. “Vamos a estar ahí en este día histórico”.
“No más separaciones”
La inmigrante guatemalteca María Hernández no sabe si irá a Washington pero sus oraciones están con los millones de indocumentados que, como ella, temen ser deportados de Estados Unidos por el solo hecho de no tener papeles de estadía legal.
“No sabría decirle si voy, no lo sé todavía”, dice por teléfono. “Pero le puedo decir que será un día clave en el que los magistrados escucharán a los abogados para tomar una decisión en el verano”.
“Mi deseo es que liberen el amparo del presidente Obama y poder decir no más separaciones”, agregó. “Y quiero decirle que mi mayor temor es que no se de la Acción Ejecutiva y entonces aumenten las deportaciones. Eso sería una tragedia”, precisó.
En septiembre del año pasado Hernández participó en la caminara “100 mujeres, 100 millas” que tuvo como objetivo ver al Papa Francisco para pedirle que intercediera ante el Congreso y se aprobara una reforma migratoria. Pero no lo consiguieron.
“Yo no califico para la Acción Ejecutiva del presidente pero apoyo a quienes sí reúnen los requisitos. Yo esperaré a que un día el Congreso reanude el debate y nos permita a los demás regularizar nuestras permanencias con una reforma migratoria” como la que aprobó el Senado el 27 de junio de 2013.
Manifestaciones en los estados
No solo en Washington habrá movilizaciones el 18 de abril y los días previos. “También en los estados donde tenemos representaciones”, dijo a Univision Noticias Ben Monterroso, director ejecutivo de Mi Familia Vota. “En Colorado, por ejemplo, tendremos un ayuno de tres días comenzando el viernes 15”.
“Estimamos que en la capital habrá unas 2,500 personas que se beneficiarán de los programas de la Acción Ejecutiva. Ellos (los manifestantes) contarán sus historias, demostrarán sus aportes al país y le pedirán a los magistrados que los consideren en su decisión del verano”, agregó.
El activista también previno que si el dictamen que la Corte Suprema emita en el verano es favorable, “levantará el ánimo de nuestra gente y de nuestros votantes para que en noviembre acudan a las urnas para elegir al sucesor del presidente Obama y un nuevo Congreso”.
“Pero si el fallo es negativo, no podemos darnos el lujo de deprimirnos y dejar de participar cívicamente. Un fallo adverso no puede alejarnos de nuestro objetivo principal que es elegir un Congreso con una mayoría que respalde una reforma migratoria, la solución permanente al problema de los 11.3 millones de indocumentados que viven en el país”, dijo el activista.
“No vamos a permitir que una decisión contraria aleje a nuestra gente de las unas electorales. Es ahí donde libraremos nuestra batalla final”, precisó Monterroso.
Que frenen las redadas
En Miami también se están preparando para viajar a Washington DC. “Por ahora tenemos un autobús y esperamos contar con recursos para un segundo”, dijo a Univision Noticias la activista Nora Sándigo, directora ejecutiva de la Fraternidad Americana y guardiana legal de unos 800 niños indocumentados de padres indocumentados en proceso de deportación o ya deportados de Estados Unidos.
“Irán niños y familias. Ellos llevan sus historias que compartirán con la prensa durante la estadía frente al edificio de la Corte Suprema de Justicia”, señaló.
“Nuestra ilusión es que no solo la Corte Suprema permita la entrada en vigor de DACA y DAPA, sino que el gobierno pare las redadas y las deportaciones. La política del gobierno en los últimos años ha dejado a miles de niños huérfanos con daños en algunos casos irreparables. Es tiempo de cambiar esto y lo vamos a conseguir”, dijo.
Desde que Obama llegó a la Casa Blanca en 2009, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su siglas en inglés) ha deportado a más de 2.5 millones de indocumentados.
Más del 40% de los expulsados en el año fiscal 2015 no tenía antecedentes criminales y muchos calificaban para la Acción Ejecutiva frenada por los tribunales y en manos de la Corte Suprema de Justicia.
