El Congreso de Ecuador aprobó este martes una serie de reformas a una cuestionada ley de comunicación elaborada durante el gobierno del ex presidente Rafael Correa, con lo que quedó eliminado un organismo sancionador de medios y periodistas.
«Con 75 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprueba el proyecto de reformas a la #LeyDeComunicación», señaló el Legislativo en su cuenta de Twiter. Veinticinco de los 107 diputados presentes votaron en contra de las reformas y siete de abstuvieron.
Los cambios aprobados modifican «el 76% de la norma vigente desde 2013» y eliminan la Superintendencia de la Información y Comunicación (Supercom), indicó la Asamblea en un boletín de prensa.
Luego de casi 10 horas de debate, en el que intervinieron 32 diputados, los asambleístas votaron el proyecto de reformas impulsado por el presidente Lenín Moreno, quien mantiene una pugna con su antecesor y exaliado Correa (2007-2017).
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Con 75 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprueba el proyecto de reformas a la #LeyDeComunicación. En el debate participaron 32 legisladores. #Pleno563
La Supercom, un criticado órgano de control de la prensa, emitió en cinco años 706 sanciones contra medios de comunicación, periodistas e incluso caricaturistas. Las penas consistían multas y medidas como rectificaciones, disculpas públicas y procesos administrativos no penales.
«Ninguna medida administrativa existirá en la Ley, han sido eliminadas las sanciones administrativas, punitivas y económicas«, agregó la Asamblea Nacional.
Organizaciones de libertad de prensa tildaban de «mordaza» a la ley, que surgió de una consulta popular impulsada por Correa con miras a frenar lo que consideraba abusos de los medios privados, a los que llamaba «mentirosos» y «corruptos».
Las reformas incluyen también la eliminación de la figura del linchamiento mediático y disponen que se realice un nuevo concurso para la asignación de frecuencias de radio y televisión.
Aunque se eliminó la Supercom, los cambios no incluyen la desaparición del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom).
Ese organismo se encargará de «vigilar y controlar los contenidos comunicacionales, pero sin capacidad sancionatoria», precisó el Congreso. Además informará casos de publicaciones consideradas discriminatorias, violentas o sexualmente explícitas.
