San Salvador.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, chocó nuevamente este miércoles con la Asamblea Legislativa luego de la aprobación de una polémica Ley de Reconciliación Nacional por los delitos cometidos durante la guerra civil, que ha desatado también el rechazo de organizaciones defensoras de los derechos humanos.
La Ley de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional fue aprobada por 44 de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa. 11 votaron en contra, uno se abstuvo y los demás no acudieron a la sesión.
Para que la ley entre en vigencia, debe ser aprobada por Bukele, pero el presidente ya adelantó que la vetará porque no cumple con una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, reseña Univisión.
“La Presidencia de la República no sancionará ninguna ley que no contenga tres elementos fundamentales para que sea justa y constitucional: Verdad, Reparación, Justicia”, publicó el mandatario en su cuenta oficial de Twitter.
A través de un comunicado de la Presidencia de la República, Bukele dijo que la ley busca «proteger a criminales de guerra» porque, en su opinión, se trata de una «amnistía disfrazada».
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— Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) February 27, 2020
El diputado Juan José Martell del partido Cambio Democrático, citado por AP, coincide con esa valoración: “Se elaboró una ley a espaldas de las víctimas. En la práctica esta ley va a ser un triple salto hacia la impunidad, una ley de amnistía disfrazada”.
“Con esta ley de una falsa reconciliación nacional, se van a prescribir delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra” cometidos durante el conflicto civil de 1980 a 1992, agregó.
En julio de 2016 la Corte Suprema declaró inconstitucional una ley de amnistía aprobada en 1993, cinco días después de haberse conocido el informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, el cual registró más de 22,000 denuncias de hechos de violencia ocurridos durante la guerra civil de 1980 a 1992. Al declarar inconstitucional esa ley, la Corte estableció que los crímenes de lesa humanidad nunca prescriben, según el derecho internacional, por lo que no debe impedirse su investigación y que se repare a las víctimas.
La Corte también ordenó a la Asamblea Legislativa que elaborara antes de julio de 2019 una nueva Ley de Reconciliación Nacional que garantizara la verdad, la justicia y las reparaciones y que ofreciera garantías de que esos delitos no se repetirán.
Tutela Legal Dra. María Julia Hernández, una organización no gubernamental defensora de los derechos humanos, sostuvo que la ley que aprobaron los diputados no fue consultada con las víctimas, ni con las organizaciones activistas “y por tanto es inválida su redacción, su articulado constituye un ardid para dejar sin responsabilidad penal y civil a los criminales de lesa humanidad y de guerra”.
