Chicago.- Un juez federal de Chicago frenó la aspiración del fiscal general Jeff Sessions de bloquear los fondos a las ciudades que se nieguen a eliminar sus políticas de protección a indocumentados.
En una decisión de 41 páginas, el juez Harry Leinenweber aseguró que Chicago demostró que sus argumentos contra Sessions tienen suficiente mérito para frenar las aspiraciones del fiscal, que consideran excedió su autoridad al intentar imponer restricciones económicas a quienes limitan su cooperación con las autoridades migratorias.
La ciudad de Chicago solicitó al juez una medida restrictiva nacional que bloqueara las nuevas reglas del Departamento de Justicia para las localidades que solicitaran dinero del Byrne JAG Grant, el mayor programa federal de fondos de justicia criminal del país. Las normas decían que cada localidad de Estados Unidos que recibiera estos fondos debía permitir que agentes migratorios entraran a sus cárceles y estaciones de policía para cuestionar el estatus migratorio de cualquier detenido.
Establecían además que cada beneficiario deberá certificar que cumple la Sección 1373 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que obliga a cada jurisdicción a comunicarle al gobierno sobre el estatus migratorio de cualquier persona en su territorio.
La administración de Trump ha insistido en que las jurisdicciones santuario violan esta parte de la ley federal. Pero expertos aseguran que se trata de una malinterpretación legal, algo que quedó evidenciado cuando el presidente incluyó en su presupuesto un truco buscando expandir el alcance de esa ley para obligar a las jurisdicciones a cooperar con las deportaciones.
La respuesta del Departamento de Justicia ante la querella de Chicago fue reiterar la amenaza de la eliminación de fondos. «Esta administración no dará simplemente dinero a los gobiernos que violan orgullosos el estado de la ley y protegen a extranjeros criminales a expensas de la seguridad pública. Así que es así de simple: cumplir con la ley o renunciar a los dólares de los contribuyentes», instó el fiscal general.
Chicago había solicitado 2.2 millones de dólares en subvenciones federales –1.5 millones de dólares para la ciudad y el resto para el condado de Cook y otros 10 suburbios. Pero en una audiencia en corte, los abogados que representaban a la ciudad aseguraron que más de 30 jurisdicciones en todo el país habían introducido casos en otras cortes con las mismas exigencias que Chicago. Entre todas ellas estaban en juego unos 35 millones de dólares.
Esta decisión representa otro golpe para Sessions, quien ha intentado endurecer aún más las políticas migratorias. Hace poco más de una semana, él mismo anunció el fin de DACA, el programa que otorga residencia y permiso temporal a jóvenes llegados en la infancia y los protege de la deportación. Pero este miércoles, luego de una cena entre el presidente Donald Trump y los líderes demócratas en el Congreso se conoció que trabajarían en una ley que permita a los dreamers permanecer en el país legalmente.
