Washington – Estados Unidos.- La política migratoria de la Administración Trump tiene un contrapeso muy importante. El miércoles, a última hora, trece estados de Estados Unidos denunciaron las nuevas normas que intenta imponer el gobierno para reducir las posibilidades de los extranjeros de optar a la residencia permanente.
La “nuevas reglas”, que entrarán en vigencia el 15 octubre, limitarán las opciones de los extranjeros de escasos recursos para obtener la green card, debido a que quienes reciban ayudas sociales, como cupones de alimentos, vivienda o Medicaid, no serán elegibles para la residencia permanente.
“El mensaje de la administración Trump es claro: si eres rico eres bienvenido, si eres pobre, no lo eres”, expresó el fiscal general de Washington, Bob Ferguson.
“Esta ley es antiamericana, antiinmigrante e ilegal”, criticó el fiscal.
Washington, Colorado, Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Rhode Island y Virginia son los estados que presentaron la demanda.
El martes los condados de californianos, San Francisco y Santa Clara, fueron los primeros en denunciar las nuevas reglas que amplían la definición de carga pública, permitiendo denegaciones a los solicitantes de visado que no cumplan con los requisitos de ingresos o que reciban asistencia pública.
Esta ampliación “facilita ir de manera injusta contra inmigrantes que son trabajadores y que cumplen con la ley mientras siembra miedo y confusión en nuestras comunidades”, dijo el fiscal de San Francisco, Dennis Herrera.
Para Ferguson, la norma viola la Ley de inmigración y nacionalidad al redefinir la “carga pública” de una manera diferente a su significado original y a la intención del Congreso.
