Arizona.- Un tribunal federal en Arizona determinó este viernes que la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) viola los derechos de miles de inmigrantes detenidos en sus instalaciones, y exigió que el gobierno tome medidas para corregir las condiciones en las “hieleras”.
El tribunal en Tucson (Arizona) emitió la orden preliminar hoy tras una audiencia de dos días esta semana, para examinar más pruebas en una demanda presentada el 8 de junio de 2015 por varios grupos cívicos y de ayuda a los inmigrantes.
En su orden preliminar, contenida en 29 páginas, el tribunal afirmó que el gobierno no puede justificar la situación por “limitaciones estructurales” en sus instalaciones y que en el caso de personas detenidos de forma prolongada -no solo unas cuantas horas- las autoridades tienen que crear condiciones que cumplan con sus “necesidades humanas”.
En la última página de la orden, el tribunal precisa que las autoridades de la CBP deben ofrecer a todo detenido bajo su custodia por más de 12 horas un colchón, ropa de cama limpia y una colcha “Mylar”, con forro de aluminio y que ayudan a regular la temperatura del cuerpo, para soportar el frío
También deben ofrecer productos de higiene personal, incluyendo papel higiénico, cepillo y pasta de dientes, artículos para el cuidado de bebés, y una evaluación de las necesidades médicas de los detenidos.
Además, deben vigilar que las instalaciones además cumplen con otros requisitos, como el acceso a inodoros y lavamanos y materiales para la limpieza y regulación de temperaturas en las celdas,
Según la demanda, las condiciones de encarcelamiento -con temperaturas frías que calan hasta el tuétano- serían impensables en otras jurisdicciones presenciadas por expertos.
Victoria para los derechos de los detenidos
El dictamen es una victoria para los grupos proinmigrantes porque consideran que es un avance para corregir el mal trato de la CBP hacia los inmigrantes.
“Basándose en pruebas incriminatorias que presentaron los demandantes, el tribunal adecuadamente rechazó las excusas de la agencia de que había hecho todo a su alcance para proteger la salud y seguridad de quienes están bajo su custodia”, dijo Melissa Crow, directora de asuntos legales de “American Immigration Council”, uno de los grupos implicados en el litigio.
Nora Preciado, abogada del Centro Nacional para Leyes de Inmigración (NILC), añadió en un comunicado conjunto que “nadie, sin importar dónde nació, debe estar sujeto a las deplorables condiciones que soportaron nuestros demandantes y otros miembros de la demanda colectiva en las hieleras, y nos aseguraremos de que esta orden se implemente con rapidez”.
En la demanda, los grupos describieron las condiciones que afrontan los inmigrantes detenidos en instalaciones de la CBP en el sector de Tucson: bajísimas temperaturas –como estar en “hieleras”-, hacinamiento, acceso restringido a agua y comida, y ningún acceso a productos de aseo personal, entre otras infracciones.
Estas “hieleras” en un principio estuvieron pensadas como instalaciones temporales para los inmigrantes detenidos por agentes de la Patrulla Fronteriza en el sector de Tucson, que incluye buena parte del desierto sonarense.
Los abogados difundieron a principios de año una serie de fotografías que ilustraban las condiciones deplorables en las instalaciones: algunos detenidos durmiendo en bancas o directamente en el piso, y todos tapándose con bolsas de plástico para protegerse del frío.
El gobierno se resistió a divulgar las fotos pero la corte intervino para que fuesen publicadas. En documentos presentados ante el tribunal, el gobierno además insistió en que las autoridades federales “proveen cuidado médico, un lugar cálido, baños, comida y agua, y permiten que los detenidos duerman”.
Las condiciones “inhumanas y anticonstitucionales” fueron destapadas luego de que el tribunal determinara que la Patrulla Fronteriza destruyó grabaciones de video en las instalaciones y no entregó debidamente otros documentos relevantes a la situación en sus cárceles.
En la demanda también participan la firma legal Morrison & Foerster, la oficina en Arizona de la Unión de Libertades Civiles de EEUU, y el “Lawyers’ Committee for Civil Rights”.
