Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua reúnen cerca del 8% de los 55.2 millones de personas de origen latino que vive en Estados Unidos y representan uno de las principales fuentes de ingresos económicos para Centroamérica a través de sus remesas. Por ello, la elección de Donald Trump supone una alarma en estos países.
De acuerdo con Carlos Acevedo, expresidente del Banco Central de Reserva de El Salvador y exrepresentante de Centroamérica ante el Fondo Monetario Internacional, si se cumplen las promesas del magnate y se cierra la puerta para los inmigrantes habrá un impacto perceptible en la economía de la región.
“Centroamérica tiene como un principal estímulo para su economía el envío de dólares por parte de sus inmigrantes, y si se cumplen las promesas de endurecer la política migratoria en Estados Unidos, el impacto podría verse a corto plazo”, estima el analista salvadoreño.
Las remesas en Centroamérica tuvieron un récord de US$15,818 millones en 2015, siete por ciento más que el 2014, según la firma AirPak que opera las transacciones de Western Union en esa región.
Acevedo también ve un escenario desalentador y como un efecto indirecto lo que llamó como una “guerra comercial” anunciada durante la campaña del republicano contra potencias como China, esto disminuiría las actividades económicas, comerciales e industriales en este país.
“Si Estados Unidos entra en recesión se desalentará el flujo de dólares y el intercambio comercial con Centroamérica”, explica Acevedo.
Algo similar opina el sociólogo nicaragüense Óscar René Vargas y añade a este escenario el cierre de una válvula social para el combate de la pobreza en estos países.
Retorno masivo
En 2015, esta región centroamericana recibió 76,345 deportados: 33,249 de Guatemala; 21,920 de El Salvador; 20,309 de Honduras; y 867 de Nicaragua. Estas cuatro nacionalidades forman parte del top diez de más expulsiones desde Estados Unidos, con México a la cabeza.
La cifra del 2014 superó en 399 a 2015, con 76,744 deportaciones, según datos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Vargas explica que si los países reciben a tantos deportados en poco tiempo la situación económica y social tendrá una repercusión negativa en términos de sostenibilidad. “La pobreza incrementará y habrá crisis”, analiza el nicaragüense.
El Pew Research Center calcula que para 2015 había más de 1,755,000 centroamericanos indocumentados en Estados Unidos, de los cuales unos 740,000 son salvadoreños, 600,000 guatemaltecos, 380,000 hondureños y el resto de los otros países del istmo.
Fernando Carrera, excanciller de Guatemala, identifica tres temas para analizar en este escenario y son: el migratorio, el comercial, y la Alianza para la Prosperidad y las obligaciones nacionales que buscan que la gente no migre.
La presión podría crecer sobre los países centroamericanos para que trabajen de forma más acelerada en las agendas sobre la lucha contra la corrupción y el combate a la pobreza, enfatiza Carrera. “La administración de Trump será dura con los países del Triángulo Norte sobre los cambios que se deben hacer para reducir la migración”, sentenció.
Carrera advirtió de una “política menos flexible”, posible deshumanización y aceleración de los procesos de deportación, lo cual se había mermado con Obama, aunque los números de deportación son los más altos de la historia.
Una alianza, una defensa
El salvadoreño Acevedo coincide con Carrera en que Centroamérica debe aferrarse al Plan de la Alianza para la Prosperidad, en el que Estados Unidos aprobó 750 millones de dólares, y con el que se busca que la región implemente proyectos sociales para reducir la inmigración desde el país de origen.
“La solución no es levantando muros. Se deben de crear condiciones para que los centroamericanos vean menos atractivo migrar. Si el gobierno de Trump ve con buenos ojos las iniciativas de ayuda para la región puede hacer que menos gente se vaya. Las raíces de la migración están aquí y se tiene que trabajar aquí”, añade vía telefónica el experto.
