California.- El futuro de la inmigración indocumentada en Estados Unidos es incierto. Si gana Hillary Clinton la elección presidencial es poco probable que tenga capacidad de gestión para alcanzar un acuerdo bipartidista en ambas Cámaras del Congreso y se apruebe la reforma migratoria. Y si el vencedor es Donald Trump, el magnate ha prometido que los deportará en un plazo de 18 meses.
La presión generada por ambas posturas y los fracasos registrados en las últimas décadas para regular los flujos migratorios concentraron las discusiones de un grupo binacional México-Estados Unidos, que elaboró propuestas que serán entregadas al sucesor del presidente Barack Obama y está inetgrado por un exjefe de gobierno, exministros, sindicalistas y académicos.
«Todos estamos interesados y preocupados por el tema migratorio, y por hallar soluciones», dijo a Univision Noticias Eliseo Medina, un reconocido activista a favor de una reforma migratoria y exvicepresidente del Sindicato Internacional de Empleados y Servicios (SEIU). “El interés es identificar y presentar soluciones a este fenómeno de la inmigración”, agregó.
El plan
Tras varios meses de reuniones, el grupo redactó y publicó un plan –publicado por el Centro para el Desarrollo Global ( Center for Global Development Center)– para garantizar la movilidad laboral de trabajadores entre ambos países. También propone incluir las recomendaciones en la reforma migratoria que prometió Clinton o que se tenga en cuenta en caso que Trump llegue a la Casa Blanca.
“Lo nuestro no es un proyecto de reforma migratoria”, asegura Medina. “Entregaremos recomendaciones al nuevo gobierno y al nuevo Congreso. Le diremos que ha llegado la hora de hacerlo y los apoyaremos para que lo hagan. Les entregaremos una lista de recomendaciones”.
Para elaborar las recomendaciones, el grupo revisó la historia migratoria, las políticas implementadas a lo largo de los años y tomó en cuenta los logros, “sin dejar de ver los problemas”, explicó Medina.
Uno de los planes vistos fue el Programa Bracero, que operó entre los años 1940 y 1960 y otorgó unas 400,000 visas temporales a trabajadores mexicanos, la mayoría campesinos.
Un resultado favorable del programa (se le conoce como Bracero porque los trabajadores que se beneficiaron labraban principalmente con sus brazos) fue que en la década de los 50 y hasta mediados de los 60 el flujo de indocumentados en la frontera bajó al punto que las aprehensiones de mexicanos disminuyó a casi cero, señala el informe.
Sesenta años después, el grupo integrado entre otros por el el exsecretario de comercio de EEUU Carlos Gutiérrez, el expresidente de México Ernesto Zedillo, el excongresista por Texas y ex jefe de la Patrulla Fronteriza Silvestre Reyes, la excomisionada del desaparecido Servicio de Inmigración y Naturalización (INS) Doris Meissner y el exembajador de México en EEUU, Arturo Surakhan, propone un programa similar como única estrategia viable para poner fin a la inmigración indocumentada.
Pero advierte que “no se puede eliminar” la inmigración de trabajadores poco cualificados. Sin embargo, señala, la nación sí puede elegir qué tipo de inmigración poco cualificada tendrá, legal o indocumentada, en el futuro inmediato, y a corto y mediano plazo.
Otra advertencia está dirigida a no olvidar lo sucedido en 1964 cuando el Departamento de Trabajo puso término al Programa Bracero bajo el argumento de que los campesinos recibían salarios deprimentes. Tampoco experimentaron una subida en los años posteriores, indicaron.
Cómo funcionaría
El informe recomienda que tanto los empleadores estadounidenses como las empresas de selección de mano de obra en México deberían tramitar primero la certificación de sus respectivos gobiernos, y garantizar que los trabajadores inmigrantes estén protegidos por la legislación laboral de Estados Unidos.
Añaden que los beneficiarios del programa de visados temporales deberían poder cambiar de empleador dentro del amplio sector de la economía, y la lista completa de trabajos comprendidos en el programa debería ser de acceso público a través de Internet y tener un formato transparente.
“Esto contribuiría a disminuir la preocupación de los trabajadores estadounidenses de no tener información acerca de la disponibilidad de puestos de trabajo ofrecidos a ciudadanos mexicanos, ayudaría a los empleadores de EEUU a encontrar trabajadores estadounidenses dispuestos a ocupar determinados puestos, y reduciría notablemente la posibilidad de los intermediarios del mercado negro de cobrarle a los trabajadores mexicanos por información relativa a la disponibilidad de trabajos”, apuntaron.
“Han habido ya conversaciones con congresistas y con miembros de la sociedad civil sobre este tema”, acotó Medina.
