Un año y medio después del último relevo, el gobierno de México hizo nuevos cambios en su gabinete presidencial, sustituyendo a Arely Gómez como titular de la Procuraduría General de la República(fiscalía) por el senador priista Raúl Cervantes.
El relevo se da un par de semanas antes de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realice su primera visita como parte del Mecanismo de Seguimiento al caso Ayotzinapa para evaluar la investigación, la atención a las víctimas y verificar el cumplimiento de las recomendaciones que hizo meses atrás el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En febrero de 2015, en una situación similar, Jesús Murillo Karam dejó su puesto como titular de la fiscalía y fue sustituido por Gómez meses antes de que el grupo de expertos independientes rechazara, con una serie de evidencias, la versión oficial que concluye que los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron calcinados en el basurero de Cocula y recomendara abrir otras líneas de investigación.
Tanto Murillo Karam como Arely Gómez han dejado entre sus grandes pendientes el esclarecimiento de los hechos del pasado 26 de septiembre de 2014, que derivaron en la muerte de varias personas y la desaparición de 43 estudiantes de la escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa.
Poco más de dos años después de los hechos, la fiscalía ha detenido al menos a 130 personas, el último fue el jefe de la policía de Iguala Felipe Flores Velázquez, sin embargo, el caso continúa abierto y organizaciones como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han externado dudas sobre la conclusión de la versión oficial que difundió la fiscalía.
Karam fue el principal defensor de la denominada «verdad histórica», según la cual los estudiantes fueron detenidos por policías corruptos de la ciudad de Iguala y entregados a narcotraficantes, que los habrían asesinado e incinerado sus cuerpos en un basurero.
El último informe de Arely Gómez en el caso Ayotzinapa
En la última comparecencia de Arely Gómez ante el Senado como procuradora de justicia, informó que se habían realizado 93% de las 941 propuestas del GIEI. Además señaló que se investigan dos mil 300 números telefónicos pertenecientes a los normalistas desaparecidos, a diversas autoridades municipales e integrantes del cuerpo de Seguridad Pública.
Este martes, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos anunció la primera visita de las acordadas el pasado julio entre la Comisión, el Gobierno mexicano y los representantes de los familiares de los desaparecidos. La visita será del 9 al 12 de noviembre donde acudirá el secretario ejecutivo de la CIDH, el brasileño Paulo Abrão, y el presidente de la Comisión, el comisionado estadounidense James Cavallaro.
El pasado abril acabó el mandato del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), nombrado por la Comisión para evaluar la investigación sobre este caso y que acusó al Gobierno mexicano de obstaculizar su trabajo.
Los otros grandes pendientes en la PGR
Además de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, queda pendiente el caso Tlatlaya, en el que militares fueron acusados de asesinar a 22 civiles que se habían rendido durante un operativo ocurrido en junio de 2014, una investigación que continúa abierta por violaciones a los derechos humanos, pero no se ha procedido contra ninguno de los señalados.
En manos de Raúl Cervantes también quedará el caso de las acusaciones de corrupción contra elgobernador con licencia Javier Duarte, que actualmente se encuentra prófugo de la justicia, así como del exgobernador de Sonora Guillermo Padrés.
Quedan pendientes también los casos de Nochixtlán, donde murieron ocho personas durante un enfrentamiento entre integrantes y simpatizantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación contra la Policía Federal.
Para el 2017, la Procuraduría General de la República (PGR), quien en 2016 tenía aprobado por la Cámara de Diputados un presupuesto por 16,468 millones 566,951 pesos, tendría una disminución de recursos a 15,897 millones 460,324 pesos. El gasto de la PGR será 3.46% menor, de ser aprobada la solicitud en sus términos.
