Houston.- El migrante hondureño de iniciales J.P. tiene apenas 15 años de edad y una larga vida de padecimientos que parecen no tener fin. En el 2014 huyó de su país para salvar su vida amenazada por la violencia de las maras (pandillas), cruzó Guatemala y México hasta que por fin llegó a la frontera de Texas donde lo arrestó la Patrulla Fronteriza. Pidió asilo, lo procesaron y lo dejaron libre cuando su madre lo reclamó. Seis meses más tarde recibió una orden de deportación en ausencia porque nunca se enteró que debía presentarte ante un juez de inmigración.
“Se van de sus casas (en Honduras) por culpa de la violencia y vienen a Estados Unidos a reencontrarse con sus madres que los dejaron solos porque no tenían otra opción, no tenían trabajo y sus vidas también estaban amenazadas”, dice a Univision Noticias Julie Contreras, activista de la Iglesia Metodista Unida Lincoln, en Chicago, Illinois. “No se han visto en años y cuando se reencuentran, sus madres tienen otra pareja que los rechazan y los echan”.
“Ahí comienza otro gran problema”, agrega Contreras. “Abandonan la dirección que le entregaron a la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) para que les notificaran el día en corte pero nunca se enteran. No saben que los citaron y tampoco se presentan. Entonces pierden todo derecho a permanecer en este país y los jueces firman la orden de deportación. Es una tragedia”.
Oleada de deportaciones
La segunda semana de mayo se reportó que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por su sigla en inglés) alistaba una nueva ronda de redadas similar a la ejecutada en enero, cuando agentes de ICE arrestaron a 121 migrantes centroamericanos en tres estados (Carolina del Norte, Georgia y Texas) que recibieron órdenes de deportación tras perder sus casis de asilo.
El gobierno reiteró la vigencia de una lista de prioridades de deportación que incluye a indocumentados que ingresaron después del 1 de enero de 2014, no tienen causa de asilo y recibieron una orden de final deportación.
Contreras dice que conoce “muchos casos” similares a los de J.P., y que se trata de un fenómeno social nuevo “que no esperábamos”. También asegura que, en el fondo, “es el sistema el que está fallando porque no tiene la capacidad de resolver con rapidez una petición de asilo cuando las vidas de tantas personas están en juego”.
Fallo irreparable
“Es claro que no presentarse ante un juez de inmigración se traduce automáticamente en una orden de deportación”, advierte Contreras. “¿Pero qué puede hacer la gente en estos casos”, pregunta. “También la falta de dinero para pagar un abogado y la carencia de abogados suficientes que los representen y preparen los casos de asilo”.
Desde que estalló la crisis en el 2014, la Patrulla Fronteriza (CBP, por su sigla en inglés) ha arrestado a más de 140,000 niños migrantes no acompañados en la frontera entre Texas y México y más del 75% de ellos provienen de Centroamérica (68,541 en 2014; 39,970 en 2015; y 32,952 al 30 de abril de 2016).
Una ley aprobada por el Congreso en 2008 para prevenir el tráfico humano, exige que los menores que no provengan de países fronterizos sean procesados para que un juez decida sus futuros en Estados Unidos. Los mexicanos y canadienses son deportados de inmediato.
La activista denunció además que tampoco el sistema migratorio vigente está libre de culpas. “No existe suficiente preocupación por decirle a las personas lo que tienen que hacer, cómo tienen que hacerlo, adónde buscar asistencia y cómo deben preparar sus casos para ir ante un juez de inmigración. Los resultados los estamos viendo”.
Argumento poco válido
El principal argumento del gobierno, que los deportables “no tienen causa de asilo”, no es aceptado por organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes.
“El gobierno dice que no tienen causa de asilo pero la verdad es que la gran mayoría de ellos recibió orden de deportación sin representación legal”, explica Matt Adams, director del departamento legal del Proyecto para los Derechos de los Inmigrantes del Noroeste, en Seattle, Washington. “Así es que no queda tan claro que no tienen argumento. De hecho, muchos recibieron ordenes en absentia, que quiere decir que ni siquiera estuvieron en la corte”.
Adams añadió que “lo que estamos viendo es que hay muchas personas que pierden su oportunidad de presentar su caso ante una corte de inmigración porque no recibieron la noticia apropiada o la notificación de su día en corte. Por tanto, la primera cosa sería que revisen los casos de personas que ya recibieron orden de deportación y ver si es posible reabrir sus casos”.
“La solución al problema está en que el gobierno debería reconocer que esta gente viene por causas que están fuera de su control, que tiene miedo de la violencia, y que no tienen adonde vivir ni como sostenerse. Y aún sin nuestro gobierno deporta cientos de personas que pidieron asilo, eso no va a cambiar la situación que les esta pasando en Centroamérica. La gente va a seguir huyendo al norte”.
Falta de información
Si hay que resumir el problema, la respuesta se traduce en “falta de información”, dice a Univision Noticias Víctor Nieblas, presidente de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA, por su sigla en inglés). “Hemos aprendido de las redadas de enero que la mayoría de las personas que tenía orden de deportación no se presentó a la corte. Pero este problema se inicia con ICE”.
“Tras la liberación de las mujeres y los niños, ICE no les da ninguna información sobre cuándo será su audiencia en la corte, lo que pueden o deben esperar en ese tiempo, adónde tienen que ir, y qué tener listo para ese día”, detalla Nieblas. “No saben, no conocen el sistema”.
Nieblas agregó que “nuestros esfuerzos a través CARA (programa de ayuda a migrantes centroamericanos) es proporcionar información a las mujeres y niños que son puestos en libertad, pero ICE permite un contacto mínimo con ellos y el mensaje no llega. No reciben toda la información que necesitan para que puedan ganar sus casos de asilo”.
“Además, descubrimos que muchos de los 121 migrantes detenidos en las redadas de enero no se presentaron en las cortes porque no tenían la información necesaria o se les dio mala información de parte de funcionarios incompetentes”, indicó Nieblas.
Forzando el sistema
AILA no se queda de brazos cruzados. “Lo que estamos haciendo a través de AILA y el programa CARA, es hablar con ICE sobre nosotros para poder proporcionar un mayor acceso a las mujeres migrantes detenidas y darles información para cuando sean liberación. Nuestro mensaje es claro: todo el mundo tiene que ir a sus audiencias en la corte, y si usted tiene una orden de deportación, por favor consulte con un abogado de inmigración competente o una organización comunitaria reconocida”, apuntó Nieblas.
“Queremos asegurar que las personas tengan la oportunidad de ver a un abogado antes de ser deportado”, añadió. “En las redadas de enero el gobierno de Obama sólo le permitió a 13 familias revisar sus casos y CARA fue capaz de conseguir 12 suspensiones temporales. Estamos preocupados”.
Nieblas también dijo que esta semana, tras una visita al centro de detención Dilley de ICE en San Antonio, Texas, “las mujeres ahí encerradas nos expresaron su temor a ser deportadas debido a la violencia en sus países” y nos indicaron que las amenazas por las cuales huyeron “provienen de pandillas, cárteles del narcotráfico o violencia doméstica”.
El factor miedo
Para el reverendo José Landaverde, un activista pro-inmigrante de Chicago, Illinois, además del desconocimiento del sistema y la falta de información “el miedo de los migrantes” es otra de las principales causas por las que no se presentan a las cortes y “se convierten en fugitivos de la ley”.
“Sabemos de muchos, demasiados casos donde no acuden ante un juez porque tienen medo que en ese momento los van a arrestar y a deportar”, dijo. “Ellos vienen huyendo de sus países para salvar la vida. Y no se imaginan volviendo porque saben que los pueden matar”.
“La falta de dinero es otra causa importante”, dice Valverde. “Son pobres y no tienen plata para pagarle a un abogado.
Ezequiel Hernández, un abogado de inmigración en Phoenix Arizona, explicó que un caso de asilo puede costar entre $6.000 y $8,000 dólares.
“Entonces, con estos datos, muchos huyen aquí en Estados Unidos, se esconden y no saben que por no presentarse se convierten en fugitivos. Es más, ni siquiera saben que tienen una orden de deportación y que las autoridades de inmigración los andan buscando para arrestarlos y deportarlos”, advirtió.
“El consejo es que acudan a un recibir asesoría legal de parte de un abogado que sea acreditado. Segundo, que no tengan miedo cuando se tienen que presentar a la corte, porque es ahí donde hay posibilidad de presentar un caso de asilo aún cuando el gobierno diga lo contrario”, dijo el religioso.
“Y si todo falla, pues tenemos una casa santuario donde por ahora tenemos dos familias. No los vamos a dejar solos, tenemos que ver cómo ayudamos. Y también decirle al gobierno que el sistema no está funcionando y que las redadas deben terminar porque esta gente en verdad tiene miedo de volver a sus países, miedo de que les quiten la vida”, dijo Valverde.
